El Gobierno nacional ha escogido la causa equivocada. En vez de declarar la guerra a la siniestralidad vial y a quienes convierten nuestras calles y carreteras en escenarios de anarquía y muerte, parece habérsela declarado a las fotomultas.

Auditar abusos es indispensable, pero desmontar esta herramienta de control porque ha sido mal utilizada sería, como en el viejo chiste, vender el sofá. Y esto resulta incoherente para un gobierno que hace de la autoridad y del cumplimiento de las normas parte central de su promesa.

El representante Daniel Briceño afirma que Bogotá ha recaudado por este concepto más de $550.000 millones desde 2024 y que el 60% de las sanciones corresponde a vehículos que circulaban a menos de 60 km/h.

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