España afronta un riesgo ilimitado de erosión institucional y económica bajo el  Gobierno de Pedro Sánchez, con el Partido Popular (PP) ofreciendo una oposición tibia. El Partido Popular, lejos de ofrecer una oposición firme, ha optado por administrar los residuos de la decadencia socialista, mientras la izquierda radicaliza su agenda y se apodera de instituciones clave. El PP consiente con un proceso de institucionalización de una tiranía política. La ley de Memoria Democrática se utiliza como herramienta selectiva contra la disidencia y la memoria colectiva. La Audiencia Nacional ha anulado multas a  Falange  argumentando que “no toda exaltación del fascismo es sancionable” ni siempre existe voluntad de humillar a las víctimas. Entretanto, se blanquea y silencia otra clase de extremismos. La amenaza de demolición que resulta en un colapso irreversible solo puede frenarse con una práctica política coherente de sentido común.

Este proceso de pauperización sistemático viene de largo: el estrangulamiento de la actividad productiva privada con una fiscalidad confiscatoria, la inflación del empleo público de dudosa productividad, la apuesta por sectores económicos de escaso valor añadido y precarios como el turismo, la destrucción sistemática de sectores productivos como la agricultura destruyendo su capacidad para competir en el mercado, las regulaciones excesivas y lesivas de una burocracia urbana parasitaria, el aumento del gasto estatal paralelo a la reducción de la seguridad, la escasa y reducida dotación de la plantilla de policía, el incremento desmesurado de la inmigración y el aumento consecutivo del narcotráfico. El gobierno está desnudo frente a la ignominia de un cuerpo de la Guarda Civil que se desangra frente a la mocromafia del Estrecho. La inmigración desafía la democracia, restringe las soluciones al problema demográfico y tensiona todos los servicios del Estado. La inmigración ilegal tensiona la sanidad, la vivienda y la seguridad. Este proceso dibuja un futuro sombrío.

Por si fuera pequeño el desafío, existe un riesgo cierto de pérdida de cientos de millones por la retirada de las bases militares de EEUU de Rota y Morón, con la alineación del gobierno con dictaduras y prácticas políticas proislamistas, con el consecutivo apoyo a un Estado militarizado como Marruecos que amenaza la ocupación de Ceuta y Melilla, candidato a contar con bases americanas. Y ello a pesar de proveerle una asistencia multimillonaria para estabilizar su sistema eléctrico. Y paralelamente un gasto no ejecutado de fondos europeos de 26000 millones de euros, que por ineficiencia del gobierno tendrán que devolverse a partir de junio, fecha en que caducan los fondos europeos. El PSOE parece tener que pagar una deuda histórica con Rabat y la paga con soberanía española.

A esta política suicida de pauperación concurre el Partido Popular negando la prioridad nacional, maquillando los resultados económicos de Andalucía, la región mas poblada. La pobreza en Andalucía se nutre de una tribu de gitanos que no se integra, y de la apertura a la inmigración islamista clandestina que financia barrios y mezquitas. Los musulmanes no vienen como individuos, vienen como tribu. La inmigración masiva no regulada actúa como válvula de escape demográfica y electoral, pero genera graves problemas estructurales. Entidades sociales y sindicatos financiadas por el Estado intermedian la regularización de forma gratuita, desplazando a la abogacía, mientras se excluye deliberadamente a los saharauis apátridas.

El Gobierno vasco ha reconocido 391 casos de mutilación genital femenina atendidos en Osakidetza desde 2013. Nigeria (102), Mali (43) y Senegal (27) suman casi la mitad de las víctimas, muchas nacidas ya en España. Este dato........

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