Juan Pérez de Mungía: «El secuestro del Estado y la ingeniería mafiosa»
Juan Pérez de Mungía: "Bienaventuranza de la Sumisión"
Juan Pérez de Mungia: "El cínico pervertido"
España sufre un problema de secuestro institucional que va más allá de las alternancias de gobierno, un modelo impuesto por el PSOE y que el Partido Popular imita de forma inmisericorde. El sistema democrático empezó a pudrirse tempranamente, ya en el año 1982, cuando Felipe Gonzalez sembró las bases del asalto al poder judicial. Violó la Constitución sólo 4 años después de ratificarse. El Ejecutivo, bajo Pedro Sánchez, ya es la versión más depurada de esa mafia; impone un modelo de control absoluto, con tentáculos en instituciones públicas y privadas, incrementa la deuda pública de forma desmesurada, pauperiza a las clases medias y trabajadoras, fomenta flujos migratorios ilegales que siembran el terror entre la población y manipula el censo electoral comprando votos a estómagos agradecidos, mientras deja a las élites correspondientes de las comunidades autónomas que administren en su favor bienes públicos en detrimento de su propia ciudadanía. Limitadas en sus competencias, los gobiernos autonómicos se desgastan políticamente, al estar sometidas a leyes y normativas nacionales que impone el Gobierno Central. En un gobierno unitario las actuaciones políticas se juzgarían como competencia del Ejecutivo central, pero en el perverso sistema de un Estado autonómico, las autonomías gobiernan bajo el mandato del gobierno central, viniendo de este modo a ser culpables de una responsabilidad de la que carecen. El ejecutivo central encubre de este modo su responsabilidad: si quieren ayuda que la pidan. Mazón es culpable, Sánchez no es responsable. La gestión de las cuencas, la inversión en infraestructura hidráulica, competencia del Estado, se ignora. El modelo supone un vaciamiento de la democracia por una burocracia impune que se exculpa a si misma comandando a las autonomías qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Además, cuentan con que el ciudadano de a pie nunca sepa cuáles corresponden a quién. El PP, cuando gobierna, no revierte esta dinámica estructural.
El problema no es simplemente la existencia en el gobierno de un canalla criminal, sino la estúpida e infeliz actuación de Feijoó, que ignora que la política de Sanchez consiste en atribuir responsabilidad a los gobiernos autonómicos, controlados de hecho por la hacienda pública y el Boletín Oficial del Estado. ¿Como puede el PP ignorar que haciéndose cargo de las autonomías, en realidad está a merced del gobierno sanchista?. Muy simple, la mediocridad y la cobardía guardan la viña. Localmente siempre pueden disimular su incompetencia acusando al gobierno central de sus limitaciones. Quid pro quo. No importa que unos u otros estén en el gobierno o la oposición, el turnismo del viejo sistema de partidos de Cánovas. Este mecanismo se puede usar a conveniencia para cualquiera de los dos con una narrativa asegurada. A esto se agarran los mezquinos del PP, sin saber que juegan con cartas marcadas por los socialistas. El PSOE es una mafia maestra en doblegar las estructuras institucionales a su favor, estructuras que no desmonta el PP cuando está en el poder ni en el gobierno central, ni tampoco en los regiones, muy al contrario, trata de participar de ellas con éxito ridículo. Los datos de 2025-2026 son elocuentes.
Una expresión de ese control es la política de gasto público que se impone de hecho a los gobiernos autonómicos a través de una atribución de competencias con gasto finalista. La mafia socialista central quita y concede, al mejor postor, y mantiene el monopolio de la oferta. Y de las prebendas que ofrece, los caudillos locales hacen su agosto entre los fieles miembros de su red clientelar. En 2025 el gasto en sueldos públicos alcanzó 181.494 millones de euros, un 5,3% más que el año anterior. El empleo público sumó 142.400 personas, hasta 3.641.400 trabajadores. Las autonomías absorben el 62,5% de las plantillas, más de 1,9 millones de empleados públicos, buena parte redundantes con la administración del Estado, al gestionar servicios esenciales........
