«Una nación puede sobrevivir a sus necios, e incluso a los ambiciosos. Pero no puede sobrevivir a la traición desde dentro. Un enemigo a las puertas es menos temible, porque es conocido y lleva su estandarte abiertamente. Pero el traidor se mueve libremente entre los que están dentro de la ciudad, sus susurros están por todos los callejones y se oyen en los mismos salones del gobierno.» Marco Tulio Cicerón.

El lunes 28 de abril de 2025, España vivió algo más que un apagón eléctrico: el GRAN APAGÓN fue un símbolo del colapso institucional que atraviesa el país. Durante horas, miles de ciudadanos quedaron sin suministro, sin información y sin explicación creíble por parte del gobierno. No fue solo la luz lo que se apagó: fue la última chispa de confianza en una administración que ya no garantiza ni lo más básico. En este contexto, el apagón es la metáfora perfecta del estado actual de la nación: oscuridad, abandono, inseguridad. Un Estado que no puede asegurar ni el suministro eléctrico, difícilmente garantizará el derecho de propiedad, la libertad individual o la tutela judicial efectiva. Como en 1808, cuando el alcalde de Móstoles lanzó su célebre bando contra la invasión napoleónica, como cuando el alcalde de Móstoles convocó a la insurrección, también hoy se hace necesario emitir un nuevo bando civilizatorio. No frente a ejércitos extranjeros, sino ante quienes, desde dentro, están minando la legalidad, la libertad y la convivencia, también hoy es necesario alzarse, levantar la voz ante una ocupación distinta, pero igual de corrosiva: la de nuestra legalidad por parte del desorden institucional.

DESMORONAMIENTO DEL DERECHO A LA PROPIEDAD

En la España de 2025, marcada por el GRAN APAGÓN del lunes 28 de abril, la propiedad privada vive su hora más crítica desde el fin del franquismo. Lo que fue durante siglos pilar de la civilización occidental —el derecho de propiedad como base de la libertad individual y la prosperidad económica— hoy se desmorona bajo el peso de una ingeniería legal, política y judicial que favorece al okupa, al usurpador y al delincuente.

No se trata de casos aislados ni de anécdotas. Los datos lo confirman: en 2024 se registraron 16.426 denuncias por okupación en España, lo que supone un aumento del 7,4 % respecto al año anterior. Cataluña concentra el 42 % de los casos. El tiempo medio para lograr un desalojo supera los 23 meses. Este infierno jurídico y procesal arruina a pequeños propietarios, convierte sus viviendas en bienes inútiles y vacía de contenido real el artículo 33 de la Constitución Española.

La ley antiokupas, aprobada en abril de 2025 tras años de presiones sociales, mediáticas y judiciales, intenta tapar un agujero que ya es abismo. Incluye mejoras como la reducción de plazos procesales, la tipificación agravada de las mafias de ocupación o el refuerzo de la figura del propietario como víctima, pero mantiene aún un alto grado de protección a los llamados «okupas vulnerables», una categoría jurídica ambigua y fácilmente manipulable. En la práctica, muchos jueces siguen interpretando la norma en clave garantista hacia el usurpador, mientras que el propietario debe demostrar indefensión, urgencia, buena fe y otras condiciones que ralentizan y encarecen el proceso.

La profesionalización de la okupación ha dado lugar a verdaderos mercados negros de viviendas okupadas, traspasos ilegales, alquileres encubiertos y extorsiones a propietarios. Las mafias gestionan con eficiencia empresarial lo que las instituciones desatienden. En paralelo, han proliferado las «inquiokupaciones»: inquilinos que, una vez dentro con contrato, dejan de pagar y aprovechan la lentitud judicial para permanecer años en el inmueble sin abonar ni un euro. El fenómeno afecta ya a grandes tenedores, pequeños inversores y familias con una segunda vivienda, y ha generado una industria paralela de desokupación, negociación extrajudicial y empresas privadas de presión.

Construcción Ideológica del Colapso Institucional

El colapso del derecho de propiedad en España no es una catástrofe natural, sino una construcción ideológica. Como señaló David Hume, la propiedad no es un hecho natural sino una convención social fruto del interés........

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