La mercantilización se ha convertido en uno de los principales problemas del sistema educativo español. Es un proceso mediante el cual empresas y operadores privados ocupan espacios cada vez más amplios de la educación, a menudo favorecidos por decisiones de las administraciones o por la insuficiencia de la oferta pública. El resultado es una competición desigual entre la enseñanza pública y las redes privadas, estén o no financiadas mediante conciertos, acompañada por la externalización de servicios y la entrada de grandes compañías en los propios centros educativos.

Este proceso no se limita a un cambio en la titularidad de los centros. Supone transformar progresivamente un sistema basado en la relación entre educadores y estudiantes en otro articulado alrededor de empresas y clientes. La factura de esa transformación recae cada vez más sobre las familias: su gasto educativo anual ha pasado, en doce años, de 13.217 millones a más de 18.628 millones de euros, un incremento superior a 5.400 millones. Cada plaza pública que falta puede convertirse en una cuota de escuela infantil, una matrícula de FP, un máster privado o una academia que no todos los hogares pueden pagar. La educación deja así de concebirse como un derecho y un bien público para tratarse como un servicio que se compra y se vende, aumentando la segregación y las desigualdades de origen.

La desigualdad comienza en la primera infancia

La mercantilización comienza en la primera infancia. Aunque la escolarización entre los tres y los cinco años es prácticamente universal, en el primer ciclo de Educación Infantil apenas alcanza el 48%. La oferta privada tiene un peso superior al 40% y obliga a numerosas familias a afrontar cuotas que excluyen precisamente a los hogares más vulnerables. La situación varía enormemente entre comunidades: el alumnado escolarizado en centros privados llega al 52,3% en la Comunidad Valenciana, al 48,9% en Canarias y al 42,9% en Madrid.

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