El 12 de junio entra en vigor una de las reformas más importantes de la política migratoria europea de las últimas décadas: el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Lo hace en un momento cargado de simbolismo. Mientras Bruselas culmina años de negociaciones para consolidar un nuevo marco de control y gestión de las fronteras exteriores, la visita del papa a Canarias, objetivo motor de la visita a España, vuelve a situar en el centro del debate una pregunta incómoda para la UE: ¿qué tipo de comunidad política quiere ser frente a quienes llaman a sus puertas? Y, ¿sobre qué tipo de valores se quiere avanzar?

No es casualidad que ambas circunstancias coincidan. Canarias se ha convertido en los últimos años en uno de los principales laboratorios de la política migratoria europea. La ruta atlántica, una de las más peligrosas del mundo, ha concentrado buena parte de las tensiones que atraviesan hoy a la Unión Europea que incluyen la necesidad de gestionar los flujos migratorios, la presión política ejercida por la extrema derecha, las demandas de solidaridad entre Estados miembros y, sobre todo, el desafío de compatibilizar el control de fronteras con el respeto a los derechos humanos.

En los últimos meses, las llegadas a Canarias han descendido significativamente respecto a los máximos alcanzados durante los años anteriores. Para muchos gobiernos europeos, este dato se presenta como una prueba del éxito de las políticas impulsadas desde Bruselas y desde los Estados miembros. Sin embargo, conviene preguntarse qué significa exactamente ese éxito y cuáles son los costes políticos, jurídicos y humanos que lo acompañan. En este sentido, la reducción de las llegadas no puede entenderse únicamente como el resultado de una disminución de la presión migratoria. Las causas que impulsan a miles de personas a abandonar sus países siguen presentes e incluso se han agravado en muchas regiones del Sahel y........

© Público