En 2021 España se convirtió en uno de los pocos países del mundo que amparan nuestra capacidad de autodeterminación con respecto al final de nuestra vida. La LO 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, avalada por el Tribunal Constitucional en dos sentencias de 2023, regula de manera muy  garantista el procedimiento a seguir para ejercer el derecho a pedir ayuda para morir, sometiéndolo a unos requisitos muy estrictos y a una doble instancia, médica y administrativa, como dique de contención frente a posibles abusos o comportamientos arbitrarios. La decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación, que es la encargada de verificar si concurren los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir, puede ser objeto de recurso contencioso-administrativo. Es este punto el que ha dado lugar a tensiones jurídicas que evidencian las carencias de una ley manifiestamente mejorable y que, de momento, han sido resueltas, de manera muy discutible, por el Tribunal Supremo.

Hace apenas unos meses a todos nos sobrecogió la historia de Noelia Castillo, la joven tetrapléjica que finalmente recibió la ayuda para morir después del largo calvario motivado por el recurso presentado por su padre -con la ayuda de Abogados Cristianos, que están valiéndose de estos casos a favor de una clara estrategia política en contra de la ley-, contra la decisión favorable que adoptó la Comisión de Garantías de Cataluña en julio de 2024. Noelia tuvo que sufrir, en lo que entiendo que fue una flagrante lesión de sus derechos a la integridad y a no sufrir ningún tipo de trato inhumano........

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