Hay marco legal para imponer una cuarentena. Restringir libertades individuales como medida de prevención y control frente a un grave riesgo para la salud pública tiene un evidente fundamento jurídico. La restricción tiene que ser proporcional, necesaria y limitada en el tiempo, tal como establece la Ley Orgánica de 1986 en sus primeros artículos. Quizá hubiera sido deseable una norma con mayor especificidad, pero no nos hace falta para tomar medidas en casos como este. Con la combinación legislativa y el derecho a la salud que contempla el artículo 43 de la Constitución tenemos mimbres más que suficientes. Si alguno de los 14 españoles que viaja en el barco afectado por el brote de hantavirus rechazara el aislamiento, las autoridades podrían imponer la cuarentena sin necesidad de consentimiento. Por supuesto, siempre se requiere ponderación y nunca sobra al control judicial, pero está claro que el consentimiento informado al que se refería Margarita Robles solo afectaría a los tratamientos a los que, eventualmente, tuvieran que someterse los confinados. La orden ministerial, los protocolos y, sobre todo, la reciente autorización judicial, no dejan lugar a dudas. Si había claridad sobre este asunto durante la pandemia, cuando el destinario de las restricciones era un conjunto indeterminado de personas, más claridad hay........

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