Jarabe democrático
A José Couso lo mataron en el Hotel Palestina de Bagdad. Estaba trabajando junto a otros periodistas internacionales cuando un tanque estadounidense disparó contra los balcones del decimoquinto piso. En el ataque murió también el camarógrafo Taras Protsyuk, que llevaba diez años suministrando a Reuters imágenes de otras guerras. Pero la invasión de Irak no era una guerra más para los trabajadores de la prensa. El día que mataron a Couso y a Protsyuk, el periodista Tareq Ayyoub murió en el bombardeo de las oficinas de Al Jazeera. La UNESCO cuenta 201 periodistas asesinados en Irak entre 2003 y 2021.
En su auto de procesamiento, la Audiencia Nacional española identifica la cadena de mando que operó en el ataque contra el Hotel Palestina. Varios organismos que velan por la libertad de prensa habían constatado un endurecimiento de la violencia contra los profesionales de la información. Después el juez Santiago Pedraz llegó a sostener que EEUU había trazado un plan para evitar que los reporteros internacionales dieran cuenta de la toma de Bagdad. Los militares que mataron a José Couso tenían nombre y apellidos y habrían sido juzgados de no ser porque España desmanteló por el camino el principio de la justicia universal.
La primera reforma legal llegó en 2009. Resulta que la Audiencia Nacional había abierto una causa contra el ex ministro israelí de Defensa, Binyamin Ben-Eliezer, por el asesinato de catorce civiles en un bombardeo sobre Gaza. Al día siguiente, la ministra israelí de Exteriores contó que Miguel Ángel Moratinos le había prometido desactivar la investigación mediante una triquiñuela que iba a limitar la jurisdicción de los tribunales españoles. El Gobierno español negó la mayor. Unos meses más tarde, el Congreso restringió la persecución de crímenes internacionales con los votos de PSOE, PP, CiU y PNV.
La segunda reforma legal vino de la mano del PP. Hasta entonces, la justicia española aún podía intervenir en crímenes con víctimas de nacionalidad española. Por ejemplo, en el asesinato de José Couso. De golpe y porrazo, la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, no solo cerró el paso a futuras acciones judiciales sino que forzaba el cierre de las causas abiertas. Todo el mundo entendió que España trataba así de evitar fricciones diplomáticas. Los tribunales españoles habían abierto varias causas que afectaban, entre otros, a EEUU. Tras la reforma del PP, la Audiencia Nacional tuvo que deponer su investigación sobre el asesinato de José Couso.
En abril de 2013, cuando se cumplían diez años del atentado contra el Hotel Palestina, la Asociación Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso celebró una protesta frente a la Embajada de EEUU en Madrid. Allí tomó la palabra un joven presentador de La Tuerka llamado Pablo Iglesias, que calificó el acto como un "escrache" frente a quienes secuestran la memoria democrática. Se refería a EEUU pero también al Gobierno del PP, que no solo rendía pleitesía a Washington sino que además estaba maniobrando para impedir que la Audiencia Nacional condenara a los verdugos de José Couso.
Fue en este acto donde Iglesias pronunció unas palabras que la prensa derechista iba a terminar tergiversando con ánimo de revancha: "los escraches no son más que el jarabe democrático que aplican los de abajo a los de arriba". La caverna conservadora, habituada a las trampas dialécticas, ha encontrado la coartada para justificar las campañas de hostigamiento en Galapagar, el matonismo organizado en redes, los seguimientos, las expresiones gratuitas de odio y la invasión delictiva de la intimidad. Es el karma, amigo. Esa interpretación, por supuesto, solo es posible a costa de extirpar las palabras de su contexto.
Dos días después de que Iglesias apelara a la memoria de José Couso, El País publicaba que el 78% de los españoles apoyaba los escraches de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Al tiempo que el PP demonizaba a los desahuciados y planeaba silenciarlos mediante la ley mordaza, la opinión pública ubicaba estas reclamaciones en el ámbito de la libertad de expresión. La PAH defendía una Iniciativa Legislativa Popular contra las hipotecas abusivas. En aquellas fechas, mientras el Congreso debatía aquella demanda, un matrimonio de jubilados de Mallorca se suicidaba a las puertas de un desahucio. Aquella noticia empujó al PP a recular y aceptar debatir una ILP impulsada a golpe de escrache.
En aquel homenaje a José Couso, sin embargo, Pablo Iglesias planteó una metáfora bélica aún más sugestiva. La casta, explicaba, libra una guerra ideológica con la munición de los periódicos y las televisiones. Se refería a los ricachones de cuentas suizas y a los políticos bendecidos con el milagro de las puertas giratorias. "Nos disparan a todos y a todas". Con el tiempo, aquellas élites políticas fueron perfeccionando su estrategia e inventaron el escrache inverso: la enfermedad antidemocrática que aplican los de arriba a los de abajo.
El panorama mediático se llenó de acosadores callejeros disfrazados de periodistas, mentirosos clínicos y chulos de playa que se abren paso a empujones tratando de envenenar cualquier protesta social que se les ponga por delante. Los gobiernos conservadores aflojaron la cartera de las instituciones públicas para que a los muchachos no les falte nunca nada. Algunos de estos bandoleros —o sus patronos, tanto da— aparecen día y noche en las tertulias bobaliconas de los grandes medios privados. A veces incluso se acreditan en el Congreso para dárselas de reporteros incómodos.
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Leo que Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ha puesto a un paso del banquillo a uno de esos alborotadores por un posible delito de injurias y calumnias. La jueza instructora, con una buena dosis de jarabe democrático, estima que el procesado publicó acusaciones de un carácter "intolerable al deber ético y profesional del periodismo". Según cálculos de El Salto, el medio que difundió estos mensajes ha sido agraciado con más de 680.000 euros de dinero público en contratos otorgados por gobiernos del PP. Escribo esto veintitrés años después de la muerte de José Couso, al cabo de una meditada impunidad y de un imposible olvido.
