El 4 de marzo de 2026, con más de dos meses de retraso sobre lo legalmente previsto, el Gobierno compareció en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas por la aplicación de las medidas contempladas en el Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Lo hizo la Secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, en la Comisión de Defensa, aprovechando su comparecencia sobre las estadísticas de exportación de material de defensa, productos y tecnologías de doble uso y material policial y de seguridad correspondientes al año 2024.

El Real Decreto-ley 10/2025 prohíbe "las exportaciones destinadas a Israel y las importaciones originarias de Israel" de todos estos productos (artículo 1.1). Hay que destacar que el Gobierno no presentó ningún informe escrito sobre la aplicación de dicho Real Decreto-ley. La Secretaría de Estado de Comercio apenas aportó información nueva. Señaló que se habían denegado 151 licencias de exportación e importación desde la entrada en vigor del decreto ley y que se habían iniciado los procedimientos administrativos de revocación de 21 licencias vigentes. Sin indicar si las autorizaciones administrativas se referían a material de defensa, productos y tecnologías de doble uso o material policial o de seguridad.

También mencionó el acuerdo del Consejo de Ministros, de 23 de diciembre de 2025, por el que quedaron excluidos de la aplicación del Real Decreto-ley 10/2025 las transferencias de armas relacionadas con el avión de transporte A400M, el avión de reabastecimiento en vuelo A330MRTT, el avión de vigilancia y patrulla marítima C295 y el dron táctico SIRTAP. Exclusión que se acordó porque "la no autorización supondría claramente un menoscabo para los intereses generales de España en términos industriales, económicos, de empleo y tecnológicos". Sobre esta excepción, la Secretaría de Estado de Comercio se limitó a reiterar el contenido que se ha hecho público del acuerdo del Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2025.

La comparecencia del 4 de marzo de 2026, es un ejemplo más de que el Gobierno no tiene intención de abrir un debate democrático informado sobre cuál es el alcance real de las relaciones armamentistas que existen entre España e Israel. Un debate en el que no sólo debería participar el Congreso de los Diputados, sino la sociedad española en su conjunto.

En gran parte, este debate no se produce por la política de opacidad y desinformación que está poniendo en práctica el Ministerio de Defensa desde el 7 de octubre de 2023. Este departamento afirma, desde mayo de 2025, que ha puesto en práctica un plan de desconexión de la tecnología militar israelí. Sin embargo, no se ha hecho público ningún documento que recoja el contenido de dicho plan ni tampoco se han señalado los efectos concretos que ha tenido su aplicación.

Tampoco sabemos si los 79 Programas Especiales de Modernización (PEM) de armamento previstos incluyen componentes o tecnología producida o patentada por Israel. Así, en diciembre de 2025, se entregaron al Ministerio de Defensa 30 unidades del vehículo de combate Dragón VCR 8×8. En principio, el Dragón incluye distintos componentes de fabricación o patente israelí: 1) el blindaje es de la israelí Plasan, 2) la radio E–LynX SDR de Elbit Systems, cuya producción y mantenimiento se hará por Telefónica gracias a un acuerdo de producción bajo licencia con Elbit Systems, 3) misiles Spyke de Rafael Advanced Defense Systems; 4) el sistema de protección activa Iron Fist de Elbit Systems incorporado a la torre remota Guardian 30 desarrollada por Escribano M&E; y 5) también se prevé incluir en un futuro el sistema de protección activa Trophy de Rafael. Sin embargo, ni el Ministerio ni la prensa han informado si los vehículos Dragón entregados incluían componentes o tecnología israelí. Supongo que desde el Ministerio de Defensa consideran que no hay mejor forma de evitar preguntas incómodas que ocultando información a la opinión pública.

El Ministerio de Defensa tampoco ha aportado información sobre qué ha pasado con los contratos que adjudicó, desde el 7 de octubre de 2023, a la industria de seguridad y defensa israelí, a sus filiales en España o a uniones temporales de empresas en las que participa la industria israelí. Se trata de más de 40 contratos por un valor total de unos 1.200 millones de euros.

Lo que sí ha hecho el Ministerio de Defensa es poner en práctica una triquiñuela para hacer creer a la opinión pública que había anulado la gran parte de esos contratos. En septiembre de 2025, el Ministerio de Defensa publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público que se anulaban los anuncios de adjudicación y los anuncios de formalización de 35 de esos contratos. Jurídicamente la anulación de esos anuncios no implica la anulación de los contratos adjudicados. Dicha anulación sólo se puede realizar a través del desistimiento del contrato, en caso de que no se haya formalizado, o por medio de la resolución del contrato. La Plataforma de Contratación no recoge ningún acuerdo de desistimiento o resolución de los 35 contratos, ni ningún acuerdo de inicio del procedimiento administrativo para desistir o resolver dichos contratos. En definitiva, el Ministerio de Defensa pretende engañar a la opinión pública española al intentar hacer pasar la anulación de anuncios de los contratos como si fuere la anulación de los contratos. Esto ya no es opacidad sino desinformación. Una conducta, en mi opinión, mucho más grave desde un punto de vista democrático.

Entre los contratos que siguen en vigor hay que destacar la adquisición de misiles contra carro Spike LR2 (por valor de 287 millones de euros), el suministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad SILAM (697 millones de euros) y Acuerdo Marco POD Designador para sistemas de combate aéreo (207 millones). Estos tres contratos suman casi 1.192 millones de euros.

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Se supone que el Ministerio de Defensa está trabajando, en colaboración con las empresas, en plantear alternativas nacionales a la tecnología militar israelí que es la base fundamental de esos tres contratos. Se ha presentado una alternativa al SILAM, pero apenas se conocen datos sobre su contenido. Más preocupante resulta la alternativa propuesta a los misiles contra carro Spike LR2. La empresa PAP Tecnos S.A.U., adjudicataria del contrato y cuyo accionista único es el Estado de Israel, ha propuesto al Ministerio de Defensa la adquisición de misiles MELLS como alternativa. El problema es que el MELLS no es más que una versión del Spike LR2 fabricado por la empresa alemana EuroSpike GmbH. En EuroSpike participan dos empresas alemanas (Diehl Defence GmbH & Co. KG y Rheinmetall Electronics GmbH), así como la israelí Rafael Advanced Defense Systems Ltd. De hecho, la patente del Spike / MELLS es de Rafael. Según la alternativa presentada por PAP Tecnos, el MELLS, o sus componentes, se adquirían de la empresa checa CSG Defence Systems. En cualquier caso, se estaría adquiriendo un producto de patente israelí y, por tanto, se mantendría el apoyo a la industria de defensa israelí y la dependencia tecnológica de dicha industria, aunque los componentes que se adquieran no procedan directamente de Israel. Si finalmente se aceptara la propuesta de PAP Tecnos, el Ministerio de Defensa español estaría engañando a la opinión pública española.

Todas estas cuestiones ponen de manifiesto que el Real Decreto-ley 10/2025 ha limitado muy poco las intensas relaciones armamentistas que existen entre España e Israel. Es necesario aprobar un embargo integral que impida la colaboración con la industria de seguridad y defensa de un Estado genocida y que mantiene un régimen de apartheid sobre la población palestina.

Con el fin de promover un debate informado en la sociedad española sobre todas estas cuestiones, el Centro Delàs de Estudios por la Paz ha elaborado el documento «Opacidad y desinformación sobre las relaciones armamentistas entre España e Israel. La aplicación del Real Decreto-ley 10/2025 por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina».

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