La Policía Nacional ha detenido a 15 personas en Almería, acusadas de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La trama se dedicaba a tramitar empadronamientos fraudulentos de personas extranjeras en situación irregular. De nuevo, ante situaciones de vulnerabilidad, afloran las bestias carroñeras que pisotean derechos fundamentales y la misma ley para llenarse los bolsillos. La conducta de PP y Vox allana aún más el camino a estas prácticas deleznables.

Cualquier persona que viva en un municipio tiene el derecho y el deber de empadronarse, independientemente de su situación administrativa. No le corresponde a ningún Ayuntamiento determinar si una persona se encuentra en España en situación irregular; sencillamente, está obligado a empadronarla igualmente. Es importante subrayar que si algo no requiere el empadronamiento es arraigo -tan de moda ahora en la narrativa racista-, pues la ley dispone que es una de las primeras acciones a realizar cuando alguien se muda a un municipio.

A pesar de ello, algunos consistorios en los que gobierna el PP, ya sea en solitario o bajo una relación de dependencia con Vox, están vulnerando la ley desplegando un racismo institucional que daña nuestra democracia. Bien sea retrasando sine die las citas previas para empadronarse........

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