Cuando vivía en Estados Unidos, sufrí depresión durante varios años en los que me negué rotundamente a acudir al doctor debido a varios miedos fundados. El primero, en un sistema sanitario más orientado al lucro que al bienestar del paciente/cliente, era económico: cuánto me va a costar el tratamiento y hasta dónde van a alargarlo –con o sin necesidad– constituían preguntas frecuentes relacionadas con el bolsillo, pero también con la calidad del cuidado una vez media lo pecuniario. El segundo consistía en generar datos con los cuales las compañías de seguros podrían decidir, en algún momento, suprimir prestaciones o subir el precio de la póliza, si ninguna ley intervenía el negocio privado, cosa improbable en aquel país. Los datos médicos, en principio, son confidenciales, precisamente porque su exposición genera una vulnerabilidad en la persona que puede tener consecuencias nefastas. Su valor económico es tan alto que, a veces, son objeto de hackeos y se venden en el mercado negro. En España, estos datos están protegidos por la legislación nacional y la europea, en un intento de amparar a la ciudadanía frente a posibles abusos y seguir respetando su privacidad. Por eso, provoca perplejidad que Cayetana Álvarez de Toledo exigiese en el........

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