Hay noticias que deberían provocar una reacción unánime. No un debate, ni matices. Simplemente indignación. El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años que lleva décadas viviendo en su casa, en el barrio de Retiro, y que vuelve a enfrentarse a un intento de desahucio, es una de ellas. Iba a ser el 3 de junio, se ha aplazado al 24. Da igual la fecha, es una tortura que su cuerpo no puede soportar.

La situación de Maricarmen es uno de esos casos paradigmáticos, de los que, cuando te enteras de su existencia ya no se te va de la cabeza, de los que cuando miras sus arrugas te recuerdan tanto a tu abuela. Con razón los compañeros del colegio de mi hija con 5 años lo siguen cantando meses después del primer intento de desahucio: "MariCarmen Se Queda, fondos buitres a la mierda". Hasta los niños lo entienden.

A Maricarmen la echan. A Maricarmen la echan después de más de 50 años viviendo en su casa. Y la echan porque la Justicia que, cada vez en más ocasiones demuestra su ceguera, le rechazó el derecho a subrogarse en un contrato de renta antigua, entre otras cosas porque su madre en la época franquista no podía ser titular de un contrato de arrendamiento ni de una cuenta bancaria. Más allá de los tecnicismos jurídicos, de los procedimientos judiciales, los recursos y de las disputas jurídicas sobre contratos y burocracias, existe una pregunta elemental que cualquier sociedad democrática debería ser capaz de responder: ¿De verdad estamos dispuestos a expulsar de su hogar a una mujer de 87 años a manos de un fondo de inversión y que aquí no pase nada?

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