Llegó el temido momento. En los próximos días, cientos de miles de alumnos de toda España se enfrentarán, finalmente, a la prueba cuyo nombre lleva persiguiéndoles, como mínimo, desde el primer día que comenzaron el curso de 2º de Bachillerato: las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), más popularmente conocidas bajo el tradicional nombre de Selectividad. 

A la espera de que se dé a conocer el número total de matriculados para la Selectividad de este año 2025, podemos decir que, siguiendo los datos de los últimos años, más de un tercio de millón de estudiantes se enfrentarán en este inicio del mes de junio al estrés, el agobio y la ansiedad por ver si el examen al que finalmente se enfrenten durante tres días les haga justicia al esfuerzo de todo un curso.

Aunque es común oír comentarios de que “la Selectividad la aprueba todo el mundo” ―aludiendo a que más de nueve de cada diez presentados superan la fase general―, a menudo ese dato opaca la dura realidad de un cierre de puertas en el acceso a determinadas carreras cuyo número de plazas se restringen, bien por los recortes presupuestarios en la enseñanza pública, bien porque algunas universidades contienen a la baja el número de plazas de determinados grados, a pesar de su demanda para elevar artificialmente una nota de corte que utilizan como marca de prestigio.

EFE

Aunque podemos rastrear su origen en las reformas educativas promovidas por ciertos regeneracionistas tras el “Desastre del 98” en España, debemos establecer el precedente de la Selectividad “moderna” en la franquista Ley General de Enseñanza (LGE) de 1970 que, bajo una aparente extensión del derecho a la educación superior para aquellos que hubieran superado el curso de orientación universitaria (COU), a renglón seguido abría la puerta a que las universidades pudieran «establecer criterios de valoración para el ingreso en las distintas facultades y Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias, previa autorización del MEC».

Esto llevó a que las universidades generalizasen, a modo de barreras de entrada, la imposición de requisitos de muy diversa índole con los que ir cribando posibles candidatos para ajustar su número a las plazas disponibles. Lógicamente, esto dio lugar al surgimiento de numerosísimas protestas que señalaban que, de este modo, lo único que se hacía era recurrir a la expulsión de estudiantes como “solución” ante la insuficiencia de los medios que se requerían para garantizar el acceso a la enseñanza universitaria.

La respuesta del Ministerio de Educación a las protestas, sin embargo, fue dar una “patada hacia delante” y, en lugar de destinar los medios económicos y materiales necesarios para el fomento y la extensión de la cultura que tanto preconizaba en la LGE, terminó ratificando la vía de la exclusión, implantando para el curso 1974-75 los exámenes de acceso.

El fin del franquismo y la llegada del PSOE de Felipe González al Gobierno, a pesar de su retórica de extensión de los derechos sociales, no se traducirá en una garantía efectiva del acceso general a la universidad. Más bien al contrario, la Ley de Reforma Universitaria de........

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