Durante estos más de 16 años, no se ejerció la autonomía, sino el centralismo de los años 90. La razón es sobre todo política. Desde 2026, el escenario cambiará, por lo que se prevé que la autonomía comenzará a implementarse. 

Conforme con el art. 272 de la Constitución Política del Estado (CPE), la autonomía implica la potestad de elegir y conformar un gobierno subnacional propio, administrar los recursos de este de manera autónoma y, con eso, diseñar y ejecutar políticas públicas, es decir, leyes, reglamentos, protocolos y planes, en los temas de su competencia (DCP 9/2013, FJ III.1.b).

Se suele creer que el Gobierno central tiene jerarquía sobre los gobiernos autónomos. Pero eso no es así. La Constitución dice: “las entidades territoriales autónomas (ETA) no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional” (art. 276). Dado que en esto no se menciona al Gobierno central, se suele asumir que sí existe jerarquía de este sobre las ETA. Los ministerios, por tanto, se asumen como órganos rectores, es decir, como la autoridad sobre los gobiernos subnacionales, cuando en realidad son únicamente órganos cabeza de sector para la coordinación intergubernamental de sus respectivos temas (Ley 031, art. 132). 

Ni los ministerios ni el propio presidente son autoridad sobre los gobiernos autónomos. En lo único que existe subordinación de estos últimos es en referencia a las leyes nacionales, pero solo en competencias concurrentes y compartidas. En las exclusivas, de ninguna manera. Eso........

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