Para el gobierno actual, la propuesta de distribución de recursos en un 50/50 comienza a ser un dolor de cabeza por la magnitud de las modificaciones presupuestarias y flujo de fondos públicos que se deben aplicar. Al no existir una claridad en la propuesta gubernamental lo primero que se ha lanzado es el de avizorar que las regiones y los municipios reciban la mitad de los recursos que se generan en sus ámbitos territoriales. Sin embargo, ¿Como se hace esto en el marco de las competencias de la ley de autonomías y descentralización? El punto 18 del artículo 5 de la ley de autonomías indica claramente. La Provisión de Recursos Económicos, es la responsabilidad compartida de los órganos públicos en la determinación de la fuente de recursos y la asignación de los mismos para el ejercicio de las competencias establecidas en la Constitución Política del Estado. Toda nueva transferencia o asignación de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio. Por tanto, esa nueva redistribución de recursos en cantidad y en calidad dependerá de la nueva figura de coordinación interinstitucional que deben establecer el nivel gubernamental (Ministerio de Economía) y el nivel local (Gobierno Municipal). Mientras cada municipio sigue con la figura de la planificación del desarrollo sectorial y estrictamente en su jurisdicción territorial. El Gobierno central tiene la idea de aglutinar municipios para establecer alianzas estratégicas intermunicipales que puedan solucionar problemas comunes en las regiones, por ejemplo. Esto ya es de inicio un gran problema por el excesivo celo institucional municipal que ha constituido hasta el presente una barrera de coordinación intermunicipal para desarrollar metas comunes. Ahora, ¿cómo se aplica certeramente los principios de la subsidiariedad, complementariedad, equidad, transparencia y gradualidad entre el nivel local y regional si hasta ahora ni siquiera para temas álgidos y urgentes como la gestión integral de residuos, el transporte o los servicios básicos no se ha logrado una actuación complementaria acorde a las demandas de desarrollo requeridas? Sera realmente una acción titánica que enfrentara el gobierno central para logar establecer una estructura administrativa y de gestión para implementar su propuesta inicial de reconfigurar la distribución de los recursos económicos para el desarrollo local. La ley de autonomías determina el que se debe hacer, pero falta saber el cómo se implementara.

José Castellón Onofre

Investigador CEPLAG-UMSS

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