Opinión.- Mucho ha sucedido en los seis meses transcurridos desde que las Fuerzas Especiales de EE.UU. secuestraron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, pero si recuerdan ese momento, quizás recuerden que la administración Trump insistió en que la misión no era una invasión, sino una extradición. Se trataba de un asunto legal, que iría seguido de un juicio penal. Muchos juristas, comentaristas y funcionarios gubernamentales respaldaron esa decisión como legal, a pesar de la inmediata insistencia de Venezuela en lo contrario. Pero cuando el caso del Sr. Maduro vuelva a los tribunales, el 22 de julio, los fiscales federales podrían encontrar un obstáculo bastante significativo: nuestros tribunales no tienen autoridad para conocer de su caso. Y la ley que lo establece fue firmada por los Estados........

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