Bolivia está intentando resolver un problema urgente con una receta conocida: menos liquidez, menos crédito, menos gasto y, por tanto, menor demanda. El Gobierno de Rodrigo Paz y el Banco Central parecen haber entendido que la inflación no puede seguir alimentándose de desequilibrios monetarios, expectativas cambiarias y pérdida de confianza. El problema es que el freno se aplica sobre una economía que ya viene debilitada: el BCB proyecta una caída del PIB de 3,6 por ciento en 2026, con empresas vendiendo menos, inversión cautelosa y consumidores golpeados.

La pregunta incómoda es qué inflación se pretende combatir. Si el problema fuera solamente un exceso de demanda, restringir dinero y crédito tendría una lógica evidente: menos recursos disponibles significan menor presión sobre los bienes y servicios. Pero Bolivia enfrenta también inflación de costos, provocada por combustibles, transporte, importaciones y tipo de cambio flexible. En ese escenario, enfriar el consumo puede reducir ventas y actividad sin atacar las causas que mantienen elevados los precios.

Mantener contenida la masa monetaria revela la preocupación del Banco Central por evitar una expansión que vuelva a alimentar la inflación. Es una señal de disciplina, pero también tiene un costo. Si el dinero no acompaña las necesidades de producción, capital de trabajo e inversión, el sistema financiero pierde capacidad para sostener la recuperación. El ciudadano consume menos, la empresa vende menos y el empresario posterga proyectos. La estabilidad nominal puede terminar comprándose con actividad más........

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