Entre el 18 y el 20 de julio se publicó, en medios como ANF, Sumando Voces y el portal QUYA, mi artículo de opinión “Por el respeto a los 6,96: ¿los embriones de un nuevo movimiento en SCZ?”, en el que analicé las consecuencias de la eliminación del tipo de cambio fijo de Bs 6,96 sobre los contratos de compra de terrenos en Santa Cruz.

Sostuve que la modificación afectó a miles de compradores al alterar las condiciones originalmente pactadas con las empresas inmobiliarias y planteé que las movilizaciones de los vecinos afectados podían constituir los primeros indicios de un nuevo movimiento social, orientado a defender el respeto de los contratos, denunciar irregularidades en el sector inmobiliario y promover cambios legales que otorguen mayor seguridad jurídica a los compradores.

El artículo generó algunos comentarios en diferentes grupos de WhatsApp vinculados al debate de las ciencias sociales en Santa Cruz de la Sierra. Entre ellos destacó el realizado por el sociólogo Víctor Paredes, en el grupo del Colegio de Sociólogos de Santa Cruz (COLDES-SCZ), cuyo planteamiento considero importante para continuar el debate.

Víctor planteó la pregunta: “¿Un nuevo movimiento social o sesgo en la crónica?”. En su opinión, el problema debe analizarse con rigor y, desde su perspectiva, lo que ocurre no constituye la génesis de un movimiento social.

Su primer argumento se refiere al dólar como patrón real de medida. Señala que, aunque el boliviano sea la moneda de curso legal, la economía boliviana mide, cotiza y valora muchos de sus bienes estructurales en dólares, desde vehículos e inmuebles hasta tecnología e insumos importados. En ese sentido, considera que el propio contrato citado en mi artículo reconoce esta realidad al establecer el valor de la propiedad en dólares y utilizar el boliviano como medio de pago.

Desde esta perspectiva, exigir que el cálculo se mantenga congelado en Bs 6,96 significaría pretender que la ley o la ideología oculten el valor real de los bienes.

Su segundo argumento sostiene que un conflicto patrimonial no constituye necesariamente un movimiento social. Desde la sociología de la acción colectiva, señala, un movimiento social busca transformar estructuras públicas o conquistar derechos universales para una colectividad. Lo que estaría ocurriendo en este caso sería, más bien, una agrupación coyuntural de deudores privados cuyo objetivo principal es renegociar sus obligaciones individuales.

Por ello, considera que sumar distintos malestares financieros particulares y denominarlos “sujeto político” constituye una distorsión. Según su interpretación, una vez que las empresas reestructuren los pagos caso por caso, la cohesión de la protesta tendería a desaparecer.

Finalmente, Víctor sostiene que el tipo de cambio de Bs 6,96 fue un dólar subvencionado durante aproximadamente 15 años, que no reflejaba la productividad del país y que fue sostenido mediante el uso de las Reservas Internacionales. En consecuencia, considera maniquea la retórica de “pueblo versus empresas”, porque ocultaría la causa estructural del problema: el agotamiento de un modelo de subvención que generó la percepción de que el boliviano estaba blindado.

Agradecí el comentario de Víctor y señalé que, para responderlo con profundidad, sería necesaria una extensa tertulia sociológica. Sin embargo, en el grupo de WhatsApp planteé algunos elementos de manera preliminar para continuar el debate.

En primer lugar, le respondí que consideraba necesario establecer un debate dialéctico entre la teoría sociológica y la realidad empírica. La realidad social no siempre encaja perfectamente en las categorías conceptuales existentes. Por ello, el caso de los 6,96 puede permitirnos discutir y, eventualmente, construir nuevas tipologías de movimientos sociales que escapen a los moldes tradicionales.

También le mencioné que el movimiento por los 6,96 —nombre que........

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