En las últimas semanas volvió a circular una idea conocida: octubre sería un mes especialmente conflictivo en Bolivia. La memoria de 2003 y de otros episodios de confrontación alimentó esa expectativa, esta vez acompañada por las dificultades económicas, el aumento del precio del diésel y nuevas convocatorias de movilización. Sin embargo, transcurrida buena parte del mes, los acontecimientos muestran una distancia entre lo que algunos actores anuncian y lo que efectivamente consiguen organizar.

La asociación entre octubre y la conflictividad merece una precisión. Según los datos de la Fundación UNIR, en los diecinueve años con registros completos disponibles entre 2006 y 2025, septiembre presenta el mayor promedio mensual de conflictos, con aproximadamente 93, mientras octubre ocupa el quinto lugar, con cerca de 89. La diferencia es moderada, pero ayuda a distinguir la frecuencia de los conflictos de su trascendencia política. El peso de octubre en la memoria del país responde principalmente al impacto de determinados acontecimientos.

Una crisis puede, incluso, coincidir con una reducción del número de conflictos. En 2019, UNIR registró 95 casos en septiembre, 53 en octubre y 19 en noviembre. La caída convivió con una confrontación de enorme alcance. Cuando un conflicto concentra la agenda pública y la atención estatal, otros actores pueden postergar sus reclamos porque perciben pocas posibilidades de ser atendidos, o incorporarlos a una movilización mayor. Por eso, las cifras necesitan una lectura que considere también la capacidad de articulación, las medidas de presión y los objetivos de quienes se movilizan.

Las convocatorias actuales muestran la importancia de esas........

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