La opacidad es una arraigada característica del Estado boliviano, desacostumbrado a posibilitar el acceso a la información pública, aunque esta prerrogativa sea ya un derecho reconocido por la Constitución de 2009.

Esta cuestión vuelve hoy a estar en la agenda a propósito del reciente planteamiento de un nuevo proyecto de ley sobre el particular, el cual encendió una vez más las alarmas ante el riesgo de que su consideración y eventual aprobación sin ajustes pertinentes deriven –paradójicamente– en restricciones mayores a las que de hecho existen.

El “Índice de Percepción de la Corrupción” publicado por Transparencia Internacional, que clasifica a los países por su mayor o menor grado de corrupción (en una escala de 0 a 100 puntos, del más transparente al menos), otorgó a Bolivia el pasado año 2025 una puntuación de 28 y la colocó en el lugar 136 entre 182 naciones. A su vez, el “Rating Global del Derecho a la Información”, elaborado por el canadiense Centro para la Ley y la Democracia, la ubica en la posición 106 entre 141 países considerados y le asigna una puntuación de 70 sobre un máximo deseable de 150 en cuanto a disponibilidad de una estructura legal sólida para la lucha contra la corrupción.

 Y a tales indicadores, que debieran suponer una alta preocupación para el conjunto de la población, se debe agregar la aseveración presidencial hecha en el mensaje del último 6 de agosto acerca de que es innegable que la corrupción está presente en todos los niveles estatales.

Frente a la magnitud de esa situación, obviamente resulta alentador que otra vez se pretenda impulsar una norma destinada a regular la obligación de toda institución pública para que se concrete el derecho de acceso a la información pública. No obstante, es fundamental que esa disposición se inscriba plenamente en los principios democráticos y se ajuste a los estándares........

© Noticias Fides