La ocasión daba para escribir sobre varios temas. Por ejemplo, sobre el drama de Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada (desalojada) de su vivienda en España por los buitres que se adueñan de pisos y hacen de las suyas con los inquilinos (aunque parece que su caso tendrá feliz solución). O sobre el retiro de visas al poderoso Fiscal General Mariaca y a otros jerarcas masistas y el extravío (¡uno más!) del vicepresidente al respecto. O sobre la manera en que el presidente Paz Pereira trata de zafar del evidente abuso en que incurrió al llevar a su esposa e hija a Estados Unidos, en al avión presidencial, recordando que Evo Morales viajaba con sus amantes, muchas de ellas niñas y que incluso iba a ver partidos de fútbol, como si el uso abusivo de bienes del Estado por éste, pudieran tapar los suyos.

En medio de semejante variedad, he escogido referirme a un tema ingrato, que muestra la crueldad e impunidad con que actúan la Policía Boliviana, el Ministerio Público, muchos jueces en lo Penal y varios jerarcas de éste y otros gobiernos. 

Se trata de la investigación hecha pública el pasado lunes 28 por “Brújula Digital”, titulada “Muertes bajo custodia estatal: el silencioso circuito de la impunidad”, que fue financiada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en alianza con ERBOL, Acceso........

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