En las últimas semanas hemos leído distintos artículos y posicionamientos en torno al concurso para la intervención en el entorno del Monumento a los Caídos en Pamplona. Más allá del debate concreto sobre el proyecto, conviene detenerse en el marco que se está construyendo alrededor de él, porque cuando se cuestiona la composición de un jurado no solo se debate sobre arquitectura; se debate sobre legitimidad.

Se ha deslizado que determinadas profesionales, por ocupar cargos de libre designación, no podrían ejercer un criterio técnico autónomo. Formulado en términos administrativos, el argumento parece aséptico. Pero cabe preguntarse ¿desde cuándo la responsabilidad pública invalida la solvencia profesional? ¿en qué momento la designación institucional anula la trayectoria académica, la experiencia acumulada o la capacidad de análisis?

Conviene recordar algo elemental y es que hacer........

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