Cuando las instituciones tardan en actuar, quienes pagan el precio no están en los consejos de administración ni en las mesas de negociación. Suelen ser comunidades invisibles, personas sin protección o territorios degradados, lejos de los centros de decisión. Por eso, la aprobación en febrero de la Directiva europea sobre diligencia debida en sostenibilidad fue mucho más que un trámite: por primera vez, la actividad económica debía responder de su impacto en derechos humanos y medio ambiente a lo largo de toda la cadena de valor.

El avance, sin embargo, llegó tras intensas presiones y concesiones. El texto final ha sido claramente rebajado respecto a su ambición inicial: se han limitado su alcance, recortado obligaciones –especialmente en materia climática– y debilitado salvaguardas clave. Aun así, conviene no perder la perspectiva: incluso descafeinada, esta norma es mejor que la ausencia de reglas vinculantes. Marca un punto de partida y refuerza una convicción irrenunciable: habrá que seguir avanzando.

Resulta especialmente preocupante que, además de esa ambición reducida, en España su transposición se esté demorando hasta un horizonte efectivo de 2028. Ese calendario no solo diluye su impacto, sino........

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