En un gobierno en que no hay semana sin escándalos, dos son los peores de todos: el asalto orquestado desde Casa de Nariño a la UNGRD, cuyos fondos se usaron para comprar congresistas, y las alianzas de generales y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia con grupos criminales.

El primero, ya “viejo”, trajo esta semana la imputación de cargos contra los exministros de Interior y Hacienda, Velasco y Bonilla. Imputación tardía, porque las pruebas las tiene la Fiscalía hace más de año y medio, y obligada, porque la Suprema le trasladó las evidencias que ella sí recogió. La Fiscal de bolsillo de Petro se quedó sin opción de seguir haciéndose la de la vista gorda, como cuando facilitó la fuga de Carlos Ramón González. Pero no es previsible que el ente acusador cumpla con la tarea de negociar con los ministros para que confiesen quién les dio la orden. Semejante operación de saqueo y soborno, realizada por funcionarios nombrados por Petro y de su íntima entraña, solo tuvo un beneficiario.

La información sobre alianzas de generales y funcionarios de la DNI con disidencias de las Farc es igual de grave. Los datos no se los inventaron en Caracol ni en la CIA. Estaban en los computadores, memorias informáticas y celulares incautados el 23 de julio del año pasado en un operativo en que capturaron a Calarcá. La Fiscalía no hizo absolutamente nada con ellos durante año y medio. Hace cinco días no lo quedó sino ratificar su autenticidad. Calarcá fue liberado por orden de Petro, quien lo nombró gestor de paz, y de la Fiscal, con la peregrina tesis de que aunque fuera........

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