La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se ha convertido en el brazo político del Gobierno Petro y en un instrumento de persecución contra gremios y empresarios del país. Hoy pareciera que basta un trino del presidente Gustavo Petro en la mañana para que, horas después, la superintendente Cielo Rusinque ya esté ordenando inspecciones y actuaciones que muchas veces terminan bordeando los límites de la Constitución y la ley.

No es una preocupación infundada. La Procuraduría General de la Nación sancionó, en primera instancia, a 16 funcionarios y contratistas de la SIC por extralimitación de funciones durante visitas e inspecciones, incluyendo el acceso indebido a información de la Registraduría y de la Cancillería. Estos hechos encendieron las alarmas sobre el uso arbitrario del poder administrativo y la ausencia de garantías procesales en las actuaciones de la entidad.

Precisamente para corregir estos vacíos, junto a la representante Carolina Arbeláez, radicamos un proyecto de ley que busca establecer garantías procesales en la etapa de averiguación preliminar dentro de los procesos administrativos........

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