En Colombia confundimos el control con la prohibición. Desde 2002 los gobiernos han impuesto, por vía de directriz, la política del “uso excepcional” de los anticipos: primero se ejecuta, después se paga. Hoy el Estado autoriza anticipos de hasta el 20 % únicamente en contratos por debajo de diez mil millones de pesos, y ni un peso por encima de esa cifra (Ámbito Jurídico, s. f.). Se vendió como una vacuna contra la corrupción. Terminó siendo un filtro de entrada.

Porque cuando el contratista debe financiar la obra entera de su bolsillo, el criterio que decide quién construye deja de ser la experiencia técnica y pasa a ser el músculo financiero. Los propios gremios de infraestructura lo han advertido: la medida concentra la contratación pública en unas pocas manos y privilegia la capacidad financiera sobre la idoneidad y la trayectoria. Eso no es una opinión de café. Es la........

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