Cuando este gobierno ya está próximo a concluir, y cuando parecía difícil imaginar una nueva arremetida contra las Fuerzas Militares, se presenta otro cuestionable remezón. La salida reciente de decenas de oficiales superiores —coroneles, tenientes coroneles y mayores— configura una decisión de enorme sensibilidad institucional, especialmente porque ocurre en medio del deterioro del orden público, la inseguridad desbordada en toda la Nación, la expansión territorial de estructuras criminales y la creciente presión sobre la Fuerza Pública en varias regiones del país.

La figura del llamamiento a calificar servicios existe dentro del ordenamiento jurídico y puede ser legítima cuando responde a necesidades objetivas de renovación, evaluación institucional o reorganización del mando. Pero no puede convertirse en un instrumento de politización de la Fuerza Pública, ni en una herramienta masiva, recurrente y opaca. Esa no es una decisión discrecional, ni por valoración, sino arbitraria.

Al ser retirados 49 altos mandos del Ejército, sin una explicación pública suficiente, sin criterios verificables y en medio de una crisis de seguridad, el mensaje hacia el interior de la institución y hacia los territorios es preocupante: se está alterando la columna vertebral del mando operacional.

El problema no es solamente cuántos oficiales salen. El problema es quiénes salen, en qué momento salen y qué experiencia institucional se pierde con ellos. Los coroneles, tenientes coroneles y mayores no son piezas menores........

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