El dogma de la plenitud hermética del ordenamiento jurídico se erige como un pilar fundamental del Estado de derecho proscribiendo, de forma estricta, la posibilidad de paralizar el accionar de la justicia bajo el pretexto de un vacío normativo o procedimental.

En el contexto boliviano, las recientes declaraciones de la decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, esgrimiendo la carencia de una ley específica como escudo para justificar el letargo en el juzgamiento de altos dignatarios, revelan una preocupante distorsión de este principio básico.

El 13 de octubre de 2026, la referida autoridad judicial advirtió que "varios juicios de responsabilidades contra altas autoridades del Estado están paralizados por falta de una ley que establezca el procedimiento para su juzgamiento".

Más aun, afirmó con inusitada candidez: "estamos atascados ahí por falta de una ley que nos dé el procedimiento para juzgar a altos dignatarios de Estado... mientras tanto, no se puede hacer nada".

Semejante aseveración, emanada de la más alta cúpula judicial del país, no solo........

© Los Tiempos