La demanda agregada constituye el reflejo más directo del pulso económico de un país, al sintetizar el gasto total de hogares, empresas, Estado y sector externo; en términos macroeconómicos, es equivalente al Producto Interno Bruto por el enfoque del gasto. En el caso boliviano, esta identidad permite comprender con claridad la actual desaceleración: un consumo que representa cerca del 70% del PIB —aproximadamente 38.000 millones de dólares— comienza a erosionarse por una inflación que supera el 20%, una inversión que difícilmente alcanza el 15% del producto (unos 8.000 millones) debido a la incertidumbre, un gasto público elevado cercano al 20% que intenta sostener la actividad, y un sector externo negativo que resta entre 3.000 y 4.000 millones. El resultado es un PIB cercano a los 55.000 millones de dólares, pero con crecimiento prácticamente nulo o negativo.

Este deterioro es plenamente consistente con el diagnóstico reciente del Fondo Monetario Internacional. Según el organismo, Bolivia habría cerrado 2025 con un crecimiento cercano al 0,6% y enfrenta una contracción de alrededor de -3,3% en 2026, acompañada de una inflación que oscila entre 20% y 26%, configurando un escenario de estanflación particularmente complejo. A ello se suma un deterioro externo que, aunque podría mostrar un superávit contable, responde más a la compresión de importaciones que a una mejora estructural de exportaciones, reflejando la escasez de divisas y la caída de sectores clave como el gas.

El informe del FMI sugiere, en esencia, que el modelo económico boliviano ha entrado en una fase de agotamiento. Durante años, el crecimiento se sostuvo en un círculo de demanda interna impulsada por el gasto público y los ingresos de hidrocarburos; sin embargo, la reducción de estos ingresos, combinada con déficits fiscales persistentes y financiamiento monetario, ha generado presiones inflacionarias, pérdida de reservas y distorsiones cambiarias. El resultado es una economía que pierde dinamismo interno mientras enfrenta restricciones externas cada vez más severas.

La crisis descrita en el informe —marcada por escasez de divisas, subsidios insostenibles y déficit elevado— exige profundizar en un programa de estabilización estructural coherente y creíble. En primer lugar, la adopción de un tipo de cambio flotante o administrado flexible, similar al esquema anterior del Bolsín del BCB, permitiría corregir distorsiones acumuladas. Mantener un tipo de cambio fijo en un contexto de reservas netas líquidas inferiores a 100 millones de dólares genera sobrevaluación, incentiva importaciones y desalienta exportaciones. La flotación —idealmente acompañada de intervención limitada— permitiría una depreciación ordenada, reducir la brecha cambiaria y restablecer señales de mercado, aunque con un impacto inflacionario inicial que debe ser gestionado.

En segundo lugar, la reducción de subsidios a los hidrocarburos es inevitable. La actual crisis por la guerra en Irán nos alerta que estos pueden alcanzar hasta 1.000 millones de dólares anuales, agravados por precios internacionales superiores a 100 dólares por barril. Eliminar gradualmente estos subsidios y sustituirlos por transferencias focalizadas permitiría reducir el déficit sin afectar desproporcionadamente a los sectores vulnerables, además de disminuir el consumo ineficiente y el contrabando.

Tercero, la consolidación fiscal debe ser significativa. Esto implica reducir el déficit mediante recorte de gasto corriente, mejora en recaudación y disciplina presupuestaria, tal como recomiendan diversos análisis que priorizan la reducción del déficit como eje de estabilización. Sin este ajuste, cualquier reforma cambiaria o monetaria será insuficiente.

Cuarto, la venta o cierre de empresas estatales deficitarias es clave para frenar pérdidas estructurales. Muchas de estas empresas no solo generan déficits operativos, sino que demandan transferencias fiscales recurrentes, distorsionando la asignación de recursos.

Finalmente, la apertura parcial del capital de empresas estratégicas —por ejemplo, mediante la venta del 49% de acciones— permitiría atraer inversión, tecnología y gestión eficiente sin perder control estatal. Esta estrategia podría generar ingresos extraordinarios, fortalecer reservas y dinamizar sectores clave.

Es decir, en el mediano plazo, el eje debe ser la reactivación de la inversión privada. Esto implica seguridad jurídica, reglas claras y apertura a capitales en sectores estratégicos como minería, litio, agroindustria y energía. Sin inversión, la demanda agregada no puede sostenerse más allá del gasto estatal, lo que perpetúa los desequilibrios. Asimismo, se requiere un cambio profundo en la estrategia exportadora: pasar de la dependencia del gas a una diversificación real basada en ventajas comparativas y competitividad.

Finalmente, cualquier ajuste debe ir acompañado de políticas sociales focalizadas que protejan a los sectores más vulnerables, evitando que la corrección macroeconómica derive en una crisis social. Pero incluso más importante que las medidas técnicas es la construcción de credibilidad. Sin confianza —interna y externa—, ningún programa económico será sostenible.

En conjunto, estas medidas configuran un programa integral: corrección cambiaria, ajuste fiscal, reforma del Estado y atracción de capital. La alternativa es prolongar desequilibrios que, como advierte el FMI, derivan en recesión profunda e inflación elevada.

Bolivia se encuentra en una encrucijada histórica. Persistir en el modelo actual implica profundizar la contracción de la demanda agregada y, por ende, del PIB. En cambio, asumir el costo político de reformas estructurales podría sentar las bases de un crecimiento sostenible. La decisión, en última instancia, no es técnica, sino política.

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