Hay algo preocupante en la forma en que el poder político comienza a ejercer su autoridad en Bolivia. Las recientes declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y del fiscal general del Estado, contra la prensa, no deben entenderse solamente como excesos discursivos.

Reflejan una manera de concebir el poder en la que la seguridad comienza a confundirse con la facultad de determinar quién está del lado de la ley y quién representa una amenaza para la sociedad.

Cuando un ministro utiliza términos como narcoterrorismo para referirse públicamente a personas investigadas, o cuando desde el Ministerio Público se sugieren vínculos entre sectores de la prensa y organizaciones criminales, el problema va más allá de las palabras.

Estamos ante una discusión sobre los límites del poder estatal y el respeto a los derechos ciudadanos.

Max Weber sostenía que el Estado posee el monopolio........

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