Lo llaman 'lawfare' cuando quieren decir justicia

El sanchismo pretende convertir en persecución política lo que no es más que el funcionamiento normal de las instituciones.

Coincidirá el lector conmigo en que hemos vivido una semana extraordinariamente movida en lo judicial. Lo suficiente como para que los voceros del régimen hayan vuelto a desempolvar la palabra lawfare, ese comodín con el que el Gobierno pretende convertir cualquier resolución adversa en una conspiración de jueces reaccionarios. No obstante, lo ocurrido en estos días es bastante más simple: tribunales que condenan, procesan o absuelven; resoluciones que confirman unas decisiones y corrigen otras; y acusados que pueden recurrirlas. Es decir, las instituciones funcionando y demostrando que nuestro Estado de derecho es más fuerte de lo que pensábamos.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez a nueve años de inhabilitación como cooperador necesario de un delito de prevaricación. Conviene explicar qué significa esto de una manera simple: prevaricar es utilizar el poder público para adoptar una decisión arbitraria, sabiendo que es injusta. No basta con equivocarse ni con gestionar mal, sino que hay retorcer deliberadamente la Administración para conseguir un resultado que la ley no permite.

La sentencia —todavía recurrible— considera probado que eso fue precisamente lo que ocurrió. El puesto para el que había sido contratado David Sánchez como coordinador de los conservatorios terminó convertido en la Jefatura de una........

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