La consellera de Justicia, Nuria Martínez Sanchis, el expresident Carlos Mazón y el Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz Navarro. / Miguel Angel Montesinos

La jueza de Catarroja ha vuelto a sorprender. La citación de Carlos Mazón como testigo en la causa de la dana introduce un giro tan llamativo como delicado. Después de que el TSJCV rechazara su imputación, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra reconoce que la situación procesal del expresident excluye su responsabilidad penal tanto por omisión como por una eventual intervención activa, al no apreciar el alto tribunal indicios de delito. Y, sin embargo, decide llamarle a declarar.

Es un doble salto procesal. Si Mazón no puede ser imputado, su declaración solo cabe, según razona la jueza, en calidad de testigo, para que explique qué decisiones se fueron adoptando en el Cecopi, o cuáles no, en qué momento y con qué alcance. Jurídicamente, ese es el encaje. Políticamente, el movimiento es explosivo.

La paradoja es evidente. El TSJCV cierra la puerta a la imputación de Mazón, pero la instrucción se resiste a sacarlo del centro del caso. Veremos si esa tensión acaba siendo leída como una maniobra procesal arriesgada o como una fórmula legítima para reconstruir los hechos. El entorno de Mazón ya ha elegido argumento y habla de abuso jurisdiccional y de investigación encubierta.

Mazón hoy no está imputado. Pero tampoco está ausente. Una cosa es que, por ahora, no exista recorrido penal suficiente. Otra, muy distinta, es que desaparezca la necesidad de saber qué hizo el máximo responsable de la Generalitat aquel día, qué información manejó, con quién habló y cómo reaccionó ante una tragedia de dimensiones históricas.

Mazón no pelea solo contra una instrucción judicial, sino contra un relato de los hechos en el que sigue ocupando el lugar más incómodo: el de quien no ha sido imputado, pero tampoco ha dejado de tener que dar explicaciones.

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Juan Francisco Pérez Llorca

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