Pacto de Estado: mito y rito de una práctica difunta
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En Esterno notte, la serie de Marco Bellocchio sobre el secuestro y asesinato de Aldo Moro, hay una escena alegórica de aquel “compromiso histórico” entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista que no llegó a culminar. Aldo Moro y Enrico Berlinguer conversan de madrugada dentro de un coche, bajo el monumento a Mazzini, sobre la posibilidad de un gobierno de solidaridad nacional, mientras escuchamos a sus escoltas intercambiar opiniones sobre el campeonato de fútbol. El lenguaje de las élites y el popular tejiendo unidades entrecruzadas. Es 1977 y la pregunta en Italia era cómo integrar en un gobierno democrático a quienes habían quedado históricamente fuera de él. En España, donde también la violencia pujaba por dominar lo político, la temporalidad constitucional era distinta y el interrogante otro: ¿Cómo podemos construir un Estado en el que adversarios históricos puedan convivir? En ese mismo 1977 se firmaban los llamados Pactos de la Moncloa. Un compromiso entre el gobierno y los partidos parlamentarios con un cierto significado metaconstitucional, ya que, en la práctica, garantizó unas condiciones mínimas de estabilidad para la inmediata aprobación de la Constitución. Ahí nacía el mito consensual de nuestra democracia.
La realidad ahora es que España afronta problemas demográficos, económicos y de pura integridad territorial, sin que haya un hilo que conecte las dos tradiciones políticas que han gobernado el país. La imagen del “pacto de Estado” se ha convertido en un recuerdo documental, color sepia, como los cortes con los que se ilustra aquel episodio lejano de los acuerdos en Moncloa. El concepto de pacto de Estado, por otro lado, resulta escurridizo, ya que no se trata de una categoría jurídica tipificada y la literalidad del sintagma es engañosa. Transmite que es el Estado el que se pacta a sí mismo, cuando a lo que se refiere el término es a un acuerdo ideológicamente transversal sobre elementos esenciales del Estado. Desde esta perspectiva, por otro lado, toda Constitución sería, por definición, producto de un pacto de Estado, en tanto la forma de gobierno constitucional presupone un contrato sobre la identidad política y jurídica del país. Un acuerdo paternalista, ya que disuade de la discusión cotidiana –la política de la normalidad– sobre aquello que requiera, para aprobarse, de la reforma constitucional.
El consenso constituyente
Pero, pese a que el concepto pacto de Estado sea, de alguna forma, inherente a la Constitución, esta, como norma de mínimos, asume que la realidad social es el conflicto político. La Constitución, de hecho, puede leerse como un pacto sobre los términos del enfrentamiento. El proceso democrático y, después, el legislativo son mecanismos para integrar, conforme a la regla de la mayoría, la competición........
