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La amenaza permanente de los sismos en México nos obliga a evaluar, de modo periódico y sistemático, los avances, a identificar los rezagos y deficiencias, así como a implantar políticas para reducir el riesgo sísmico e incrementar la resiliencia sísmica de nuestras comunidades. Los aniversarios de los sismos de septiembre (1985 y 2017) y los eventos recientes en Venezuela y Colombia nos ofrecen la oportunidad de reflexionar y proponer estrategias.

La resiliencia es un concepto ampliamente usado en las ciencias sociales. De manera simple, la resiliencia de un organismo o una comunidad es la capacidad que tiene de absorber un choque y de recuperarse mediante el aprendizaje y la transformación. En 1981, Peter Timmerman introdujo el término en el contexto de los desastres producidos por fenómenos climáticos. En 2003, Michael Bruneau llevó el concepto a un marco cuantificable para comunidades e infraestructura, lo que desembocó en la adopción de criterios de diseño que han permitido transitar de “resistir un sismo” a “mantener / recuperar la funcionalidad en un tiempo determinado”.

Se habla de de resiliencia como si fuera una propiedad de los materiales o un atributo de los reglamentos, pero no es solo eso. Además de técnico, es un reto social, económico y político. Conseguir la resiliencia implica mejor tecnología, regulación y escucha. A continuación se hace un recorrido por algunos de los condicionantes de la resiliencia: las normas de construcción, las desigualdades, la tecnología que podemos poner al servicio de la comunidad, la sostenibilidad y el impacto ambiental, las herramientas normativas y financieras para lograrla, así como el papel –todavía subestimado– de la sociedad.

Los temblores, especialmente el de 1985, han expuesto con crueldad la inconsistencia en las normas de construcción, entre el desempeño esperado de los edificios y el comportamiento que realmente eran capaces de exhibir. También nos han dejado lecciones, entre ellas: a) es indispensable estar preparados para evaluar, con metodologías basadas en fases y desarrolladas por personal certificado, la accesibilidad y habitabilidad de las construcciones tras un sismo; b) la seguridad estructural y la calidad de su desempeño sísmico dependen de la adecuada implantación y seguimiento de requisitos y buenas prácticas a lo largo de la vida del proyecto, desde su planeación hasta su operación y mantenimiento, la cual debe ser incluida en normas y reglamentos; c) los edificios diseñados y construidos con normatividad más estricta tienden a exhibir un comportamiento estructural adecuado, si bien, todavía, con daños inaceptables en muros divisorios y contenidos; d) las edificaciones hechas sin la intervención de ingenieros estructurales, como aquellas por autoproducción, son mucho más vulnerables a experimentar daños severos e, incluso, colapsos; e) las expectativas de la población sobre el comportamiento de sus edificaciones han de ser tomadas en cuenta, de manera explícita, en el diseño de las normas, y f) el Sistema Nacional de Protección Civil es eficaz y eficiente mientras sea capaz de articular esfuerzos de distintos niveles de gobierno, así como de sectores de la población; en México, ello se lograría si regresamos al Sistema a la Secretaría de Gobernación.

Sismo tras sismo hemos constatado que el daño nunca se distribuye por igual. Se concentra, con precisión, ahí donde está la población que vive en condiciones de mayor vulnerabilidad, en especial aquella que vive en pobreza. El sismo no inventa la desigualdad, pero sí la revela y la agrava. Así ocurrió en 1985 y de nuevo en 2017 en México, en 2023 en Turquía y, ahora, en Venezuela y Colombia.

En la Ciudad de México, la vivienda........

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