Colusión o combate: la relación con el narco como relato de campaña
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El 28 de abril de 2024, en las instalaciones de los Estudios Churubusco de la Ciudad de México, se celebró el segundo debate presidencial entre los candidatos Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez. En el transcurso de las casi dos horas que duraría el intercambio, la candidata del PAN-PRI-PRD repitió por lo menos tres veces una acusación seria en contra de la aspirante morenista (que competía con la coalición Sigamos Haciendo Historia). Sostuvo que Morena era un narcopartido (minuto 10:50), que la hoy presidenta Sheinbaum era candidata de un narcopartido (minuto 15:50) y que, por lo tanto, podía referirse a ella como narcocandidata (minuto 104:30).1
Cinco semanas después, Claudia Sheinbaum ganó la Presidencia de la República con casi 60% de los votos; Xóchitl Gálvez obtuvo menos de la mitad. Por supuesto que esta diferencia puede atribuirse a muchas otras variables antes que a lo sucedido en el debate. Es más, me atrevo a decir que los debates difícilmente catapultan una candidatura, pero también es cierto que, en los relatos poselectorales de nuestro país, tanto el desempeño de Diego Fernández de Cevallos (en 1994) como el contrapunteo entre Vicente Fox y Francisco Labastida (en 2000) se han considerado momentos decisivos para ambos panistas, al grado de que podemos reducir a una frase el momento en que conquistaron a los espectadores. No sabemos con certeza qué variables fueron determinantes para la victoria de Sheinbaum, pero lo que sí sabemos es que frente a las acusaciones lanzadas por Gálvez ocurrió que las personas no se enteraron de la acusación, no le confirieron credibilidad o no les importó.
Destaco la ineficacia de esas acusaciones porque en los últimos meses el PAN pareciera haberlas revivido con la esperanza de capitalizarlas rumbo a las elecciones del próximo año. Desde mi perspectiva, este relato merece algunos ajustes para figurar mínimamente como discurso electoral.
Hace algunos meses, el 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, funcionarios y exfuncionarios estatales, por presuntamente operar una red de protección al Cártel de Sinaloa. No es un detalle menor que, días antes, la gobernadora de Chihuahua Maru Campos hubiera reconocido la muerte de dos agentes de la CIA fallecidos en un accidente automovilístico, tras un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el estado. Según el gobierno federal, la presencia de estos agentes en labores de campo se habría dado sin su conocimiento, lo que comprometía la soberanía nacional y contravenía, según la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, la Ley de Seguridad Nacional.
La cercanía entre ambos acontecimientos permitió al PAN atizar un discurso que contraponía la supuesta cooperación de Morena con el crimen organizado frente al combate protagonizado por el gobierno panista. Morena también entendió rápidamente que la coincidencia temporal de ambos sucesos obligaba a un relato más completo de contraste. El gobierno federal negó la extradición de Rocha Moya alegando la falta de debido proceso, pero, sobre todo, por ser una afrenta contra la soberanía. Mientras Maru Campos había vulnerado dicha soberanía, ellos la estaban defendiendo. La ultraderecha internacional, dejaron ver, buscaba ayudar a la derecha mexicana para combatir al “gobierno de la gente”.
En las siguientes semanas, políticas españolas de derecha pisaron suelo mexicano para criticar a los “gobiernos populistas de izquierda”, dándole pretexto a Morena para validar su relato: es un asunto de soberanía, no de colusión con el crimen organizado. Sin embargo, a las pocas semanas, se filtraron audios de Marina del Pilar, gobernadora morenista de Baja California, a quien sin mayores explicaciones se le revocó la visa estadounidense a mediados del año pasado. En estos audios se escucha a la mandataria ofreciendo cooperación e información a supuestos funcionarios de inteligencia estadounidense. No queda claro qué ganaría la gobernadora a cambio de ello, pero defender la soberanía no parece la preocupación más apremiante de la llamada.
Finalmente, a mediados de........
