Los principales temas en la discusión sobre Teuchitlán han sido, por un lado, la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno con lo que sucedía en el rancho Izaguirre y, por el otro, el manejo comunicativo y político que han hecho la presidenta Sheinbaum, sus funcionarios y voceros. Hay suficientes motivos para ello. A la indignación por el horror de la violencia sin límites ejercida por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se suma la generada por la indiferencia y la participación de quienes están para protegernos, por un gobierno poco o nada empático que ha tratado de minimizar el problema, de responsabilizar al presidente que dejó el poder hacer trece años, y pretendido rectificar con una propuesta sin mucha sustancia.

La indignación es necesaria pero insuficiente. Es necesario ir más allá de ella y profundizar en aspectos poco señalados, pues urge definir estrategias concretas, no solo para atender los reclamos de los familiares de los desparecidos (buscarlos y hacer justicia), sino también para terminar con la pesadilla de que todos los días desaparezcan decenas de personas más.

Se han hecho analogías con Ayotzinapa por una razón que, desde mi punto de vista, está en el centro del debate: la politización de la justicia. Esa es la causa central por la cual las investigaciones judiciales se distorsionan y, al quedar sujetas a la lógica política, no concluyen o llegan a resultados sin credibilidad.  Detrás de la politización está el tema de la responsabilidad. En el caso de Ayotzinapa, la PGR llegó a su “verdad histórica”: el asesinato de los 43 normalistas se debió a una orden de la organización Guerreros Unidos, que creyó que los estudiantes (o algunos de ellos) pertenecían a una banda rival, los Rojos. El crimen fue cometido por un grupo de sicarios ayudados por los policías municipales de Iguala y otros dos municipios. Estos elementos de la investigación, la participación de una organización criminal y la colusión de policías municipales, no han sido desmentidos por nadie, ni siquiera por la versión de la comisión de la verdad creada por el gobierno de AMLO.

Los padres de los estudiantes, Morena y algunas organizaciones de derechos humanos cuestionaron esa “verdad histórica” con dos argumentos: negaban que los cuerpos hubiesen sido cremados en el río San Juan y aseguraban que el ejército había participado (en algún momento llegaron a afirmar que los estudiantes habían sido llevados a las instalaciones militares y ahí habrían sido retenidos, asesinados y cremados) con el fin de confirmar su noción preconcebida de que “fue el Estado”.  Los debates sobre la incineración de los cadáveres y la participación del ejército politizaron el tema a tal extremo que los procesos judiciales se viciaron; el resultado fue la pérdida de credibilidad de los resultados. La justicia se extravió.

Asegurar que había sido “el Estado” encajaba con dos argumentos y posicionamientos de naturaleza estrictamente........

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