El viaje del consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón, a Kona, en Hawái, ha proporcionado al PSOE un nuevo motivo para exigir explicaciones a Oswaldo Betancort. Los socialistas cuestionan la duración del desplazamiento, reclaman conocer la agenda institucional y piden el desglose de los gastos de transporte, alojamiento y dietas. El presidente debe responder con documentos, pero la controversia plantea otra cuestión que la oposición no debería esquivar: ¿con qué balance de su propia gestión compara los gastos que ahora denuncia? 

Fiscalizar al gobierno es una obligación de la oposición, no una concesión. Sin embargo, esa labor pierde consistencia cuando se concentra en los gastos del adversario y deja en segundo plano las cuentas de la etapa en la que se tuvieron responsabilidades de gobierno. El PSOE gestionó durante años el Cabildo y participó en una política de promoción turística que movilizó millones de euros. Esa trayectoria no invalida sus críticas, pero sí obliga a que cualquier comparación se apoye en datos homogéneos y no en una selección interesada de cifras. 

La cuestión no consiste en justificar un viaje cuestionado señalando gastos anteriores, sino en impedir que la transparencia se convierta en una exigencia de sentido único. 

Hawái: las explicaciones deben llegar con facturas 

El 15 de octubre de 2026, el PSOE denunció que Juan Monzón había viajado a Kona durante doce días y cuestionó la necesidad de su presencia y la duración de la estancia. La formación pidió conocer las fechas, la agenda, los integrantes de la delegación y los gastos asociados. Sus declaraciones, sin embargo, no permiten establecer por sí solas el coste definitivo del viaje ni acreditar qué cantidades se abonaron efectivamente con fondos públicos. 

El Cabildo debe publicar la autorización, el programa de trabajo, las facturas, las dietas reconocidas, las entidades que sufragaron cada concepto y una memoria de los resultados obtenidos. Si el desplazamiento respondía a una estrategia de promoción deportiva, corresponde demostrar qué actividades se realizaron, qué compromisos se alcanzaron y cuánto costaron. 

Las normas presupuestarias regulan las indemnizaciones por razón del servicio, pero no prueban que una cantidad concreta se haya pagado ni que el gasto esté suficientemente justificado. Eso debe acreditarse mediante el expediente correspondiente. 

El PSOE tiene derecho a reclamar esa documentación. Lo que no debería hacer es presentar la denuncia como si bastara para cerrar el debate. Si quiere que se examinen las cuentas del actual gobierno, debe aceptar también que se revisen las de su etapa con idénticos criterios.

Presupuestos millonarios y........

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