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Pensiones Públicas: la Gran Mentira del Colapso y el Negocio que Acecha

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17.10.2026

El envejecimiento demográfico plantea desafíos reales, pero no condena a la quiebra al sistema público: la productividad, la inteligencia artificial y una fiscalidad justa pueden contribuir a garantizar su futuro. Lo que está en juego no es solamente una cuestión económica, sino el modelo de sociedad que legaremos a nuestros hijos.

La profecía del colapso: del dato económico al miedo electoral

Cuando determinados sectores de la derecha política y de la corriente neoliberal, hoy representados por las fuerzas que aspiran a gobernar conjuntamente nuestro país, cuestionan la viabilidad del sistema público de pensiones, conviene distinguir entre reconocer dificultades financieras y presentar su desaparición como un destino inevitable. No son lo mismo. El debate exige rigor, no alarmismo; soluciones, no profecías.

Las cuentas de la Seguridad Social deben examinarse con transparencia, las proyecciones demográficas merecen atención y las reformas pueden ser necesarias. Pero de ahí no se deduce que las pensiones públicas estén condenadas a quebrar ni que su sustitución por sistemas privados constituya una necesidad científica. La pregunta decisiva es otra: ¿quién pagará las pensiones del futuro y de qué riqueza procederán los recursos necesarios?

La falacia demográfica: importa quién produce y cómo se distribuye

Es indiscutible que España envejece y que la jubilación de la generación del baby boom incrementará la presión sobre el sistema. Negarlo sería tan irresponsable como utilizarlo para justificar su desmantelamiento. Sin embargo, reducir la sostenibilidad de las pensiones a la relación numérica entre trabajadores y jubilados constituye una simplificación económica. También importan los salarios, el empleo, la productividad, la participación laboral, las cotizaciones y la capacidad recaudatoria del Estado.

La automatización, la digitalización y la inteligencia artificial pueden multiplicar la producción por trabajador y aumentar la riqueza disponible. Pero ese progreso no garantiza por sí solo mayores recursos para las pensiones: es necesario que sus beneficios se traduzcan en rentas, salarios y bases fiscales capaces de sostener la financiación pública. Si la riqueza adicional se concentra en el capital mientras disminuye el peso de las rentas del trabajo, la mejora tecnológica no se convertirá automáticamente en mayor protección social. El verdadero debate no es únicamente cuántos trabajadores tendremos, sino cuánta riqueza produciremos y qué parte destinaremos al bienestar colectivo.

La economía también es distribución: frente a los intereses neoliberales

Existe una corriente de pensamiento económico progresista que, desde el análisis científico, los estudios empíricos y la economía del bienestar, cuestiona que el envejecimiento demográfico conduzca inevitablemente a la inviabilidad de los sistemas públicos de pensiones. Quienes defendemos esta perspectiva no negamos los desafíos financieros: rechazamos que se utilicen como justificación automática para debilitar la protección colectiva o trasladar progresivamente al ámbito privado una responsabilidad esencial del Estado social.

La economía no........

© La Voz de Asturias