Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.

Esta columna fue escrita por los columnistas invitados Ana María Rueda y Javier Flórez.

El debate sobre la precisión del indicador de producción potencial de cocaína, que hace anualmente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), es oportuno y necesario. Permite que los funcionarios de este gobierno y los que vengan comprendan qué mide el país en materia de drogas, evalúen su utilidad y avancen en la construcción de nuevos indicadores que permitan diseñar y revisar políticas orientadas a reducir los cultivos de uso ilícito.

No es la primera vez que hay tensiones metodológicas entre el gobierno de Colombia y la Unodc y eso no debería sorprender. Toda medición se puede mejorar y toda política pública requiere revisar y ajustar sus indicadores.

Lo que sí resulta inédito —y un error estratégico— es el intento de politizar un debate que es, ante todo, técnico, sacándolo del terreno metodológico para llevarlo a la deslegitimación pública de los datos. Este giro no solo pone en entredicho la credibilidad de la información construida durante décadas de trabajo conjunto, sino que crea confusión y desconfianza en un campo en el que el país necesita certezas mínimas para entender cómo evoluciona este mercado ilegal.

Más datos, más transparencia y más capacidad analítica, no menos, si a lo que se aspira es a construir una política de drogas basada en evidencia y no a crear disputas coyunturales.

Durante más de 25 años, la política de drogas se ha apoyado en dos indicadores clave: el número de hectáreas cultivadas con coca y la producción potencial de cocaína. Estas mediciones han servido para seguir la evolución anual de ambos fenómenos, a nivel nacional y mundial.

Estos dos indicadores anualizados suelen leerse como el balance de las políticas implementadas y, en particular, de las acciones del gobierno. El aumento o reducción de los cultivos de coca se asocia con las estrategias de erradicación, mientras que la producción potencial de cocaína se vincula con las incautaciones de la coca y sus derivados, así como de las sustancias químicas para su transformación en cocaína y la destrucción de laboratorios. En la práctica, la opinión pública termina evaluando la eficacia del gobierno en materia de drogas esencialmente a partir de estas dos mediciones.

Lo anterior ocurre pese a que ninguno de estos dos indicadores refleja el impacto real de las apuestas de cada gobierno. Una campaña intensiva de aspersión aérea o de erradicación manual voluntaria y forzosa pueden reducir los cultivos, aunque esa reducción no siempre sea sostenible en........

© La Silla Vacía