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Esta columna fue escrita por el columnista invitado Michael Shifter.

Una vez más, Donald Trump se comportó tal y como se esperaba.  

Apenas seis semanas después de tratar a Gustavo Petro como su “nuevo mejor amigo”, en una cordial reunión en la Casa Blanca, ahora se ha vuelto contra el presidente colombiano. Como hemos aprendido en los últimos 14 meses, lo único predecible de Trump es su imprevisibilidad. 

El Departamento de Justicia de EE.UU. —que, lamentablemente, puede leerse como un instrumento de la política de la administración Trump— abrió investigaciones penales sobre los presuntos vínculos de Petro con el narcotráfico y sobre si su campaña presidencial recibió financiación ilícita. Por ahora, todo apunta a una indagación preliminar, no a un caso penal inminente.

Aún así, independientemente de si el caso se materializa o se emprenden acciones concretas, las investigaciones dirigidas por fiscales federales estadounidenses y en las que participa la DEA (que designó a Petro como «objetivo prioritario») corren el riesgo de aumentar las tensiones entre los gobiernos de Petro y Trump, que habían disminuido gracias a un momento de comportamiento ejemplar.   

Poner palos en las ruedas de lo que siempre ha sido una relación bilateral difícil podría complicar la cooperación entre los dos gobiernos en diversos temas —en particular el narcotráfico— donde existen marcadas diferencias de enfoque.

Nada de esto ocurre en el vacío. El momento parece estar  en parte determinado por la política interna estadounidense porque Trump atraviesa el período más complicado de su carrera política.

Por decir lo evidente: la guerra con Irán no marcha bien. Es abrumadoramente impopular y, aunque conserva el respaldo de la mayoría republicana, ha provocado deserciones en la cúpula del movimiento Maga. Lo más perjudicial es que ha disparado los precios de la gasolina, lo que agrava aún más los problemas de costo de vida que Trump prometió resolver desde los primeros días de su administración. Por eso, Trump está cada vez más preocupado por perder el control de la Cámara de Representantes, y quizás del Senado, en las elecciones de mitad de mandato de noviembre es cada vez mayor.

En este contexto, su respaldo a sacar a la luz las investigaciones penales contra Petro por cargos relacionados con las drogas podría ser una forma de desviar la atención de una guerra impopular y de sus crecientes problemas políticos. 

Mostrar dureza en el tema de las drogas ha sido históricamente una forma fiable de reforzar el apoyo político en el país. Desde el pasado mes de septiembre, la administración Trump ha alardeado de su uso de la fuerza militar en repetidos ataques (36), que han dado lugar a ejecuciones extrajudiciales (126) contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas en el Caribe y el Pacífico. 

La lucha contra el “narcoterrorismo” fue, además, uno de los argumentos centrales para justificar la intervención militar del 3 de enero destinada a capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Las recientes acciones en México y Ecuador refuerzan esta línea. Se trata de una prioridad de la llamada “Doctrina Donroe”, tal como queda plasmada en la Estrategia de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental.

Los niveles récord de producción de cocaína en Colombia en los últimos años han convertido a Petro en un blanco conveniente para los ataques de EE. UU.  Para algunos, sin embargo, la descertificación (acompañada de una exención por motivos de seguridad nacional) de Colombia el pasado septiembre y las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Petro y su familia a finales de 2025 por supuestos vínculos con el narcotráfico quizá no fueran un castigo suficiente. Es posible que las agencias estadounidenses y las facciones políticas de línea dura del círculo de Trump no estuvieran satisfechas con el deshielo en las relaciones bilaterales y que presionaran por un rumbo más agresivo.

Además del impacto en las relaciones, la medida es errónea. Trump ha hecho una gran apuesta por Venezuela, que hoy sirve de modelo para otros retos de política exterior, desde Irán hasta Cuba, donde Estados Unidos busca figuras parecidas a Delcy.  Pero para que el modelo venezolano sea viable, Estados Unidos necesita la plena cooperación de Colombia en cuestiones de seguridad y energía. Antagonizar con Petro pone en peligro cualquier buena voluntad de colaboración. 

No está claro hasta dónde está dispuesta a llegar la administración Trump en este nuevo giro agresivo. Afortunadamente, las voces que piden repetir el escenario de Maduro son marginales y fáciles de desacreditar. Independientemente de lo que se piense de Petro y sus políticas, es sin ninguna duda el presidente legítimo de Colombia, y los colombianos se opondrían —con razón y con firmeza— a cualquier intento externo de destituirlo del poder.

Muchos observadores han señalado las contradicciones de un discurso antidroga que convive con el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años por traficar más de 400 toneladas de cocaína. El indulto fue impactante, aunque, en cierto modo, no sorprendente.

A estas alturas, debería quedar claro que no cabe esperar coherencia ni consistencia en las políticas de la administración Trump. Más que otros presidentes estadounidenses, se guía por caprichos e impulsos y, a menudo, como en el caso de Hernández, es susceptible a la influencia de actores particulares sin ningún papel institucional.

Si estas investigaciones preliminares pretenden ser una distracción, es poco probable que funcionen políticamente. El deterioro económico del país y una guerra con Irán sin propósito claro ni desenlace a la vista pesan demasiado en la mente de la mayoría de los estadounidenses.

Este nuevo giro alimentará, sin duda, especulaciones sobre su posible incidencia en las próximas elecciones presidenciales colombianas. La tentación de identificar ganadores y perdedores es irresistible, pero sus efectos podrían ser modestos, si es que llegan a producirse.

Además, aunque Trump ha demostrado que no tiene reservas ni límites a la hora de interferir en los procesos electorales o judiciales de otros países, es difícil predecir si lo hará en Colombia en los próximos meses —y, de ser así, con qué consecuencias—.

Lo que es más fácil de predecir —y muy lamentable— es que como resultado de los últimos acontecimientos  la polarización política dentro del país probablemente aumentará.  Eso parece ser lo último que Colombia necesita al embarcarse en lo que se perfila como unas elecciones agresivas y muy reñidas.  

Aun así, independientemente de quién ocupe la Casa de Nariño el 7 de agosto, los colombianos deben estar preparados para más cambios de rumbo por parte de la administración Trump.  La montaña rusa continuará hasta el 20 de enero de 2029. 

Expresidente del Diálogo Interamericano sobre asuntos del Hemisferio Occidental en Washington.

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