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Esta columna fue escrita por los columnistas invitados Javier Flórez y Gerson Arias.

La imputación de cargos contra Alexander Díaz, alias “Calarcá”, por parte de la Fiscalía General de la Nación no puede leerse como un episodio más dentro de la política de paz total. Es, en realidad, una corrección tardía, pero necesaria, frente a un proceso que ha operado sin dirección estratégica clara desde su inicio. A “Calarcá” se le endilgarán los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir con fines de desaparición, homicidio y desplazamiento forzado. 

Durante más de tres años, desde la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y otros centros de pensamiento se advirtió un riesgo que hoy es evidente: flexibilizar las condiciones de negociación sin método, sin líneas rojas, sin establecer límites verificables ni consecuencias creíbles termina generando incentivos perversos. No para la desmovilización o el sometimiento de los grupos ilegales, sino para su expansión y fortalecimiento. Y eso es exactamente lo que ha pasado.

Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro ha insistido en mantener, aunque con algunas amenazas que no se materializan, abierta la mesa con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), en los territorios donde opera se consolida una realidad distinta asociada al crecimiento en número de combatientes, ampliación del control territorial y fortalecimiento de su ecosistema de rentas ilícitas. Según cifras de la propia Fuerza Pública, esta estructura pasó de aproximadamente 1.400 integrantes en 2022 a cerca de 2.900 en 2025. Es decir, en pleno proceso de negociación, duplicó su capacidad armada.

Pero más allá de las cifras, hay hechos que ilustran con claridad el problema. En julio de 2024, una caravana de mandos de estas disidencias, incluido “Calarcá”, su máximo comandante, fue detenida por el Ejército en Antioquia. Transportaban armas, dinero, un menor de edad y dispositivos con información sensible........

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