En 2016 el ingeniero Ottomar Lascarro les dijo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que en Colombia era “muy difícil” que los contratistas de obras públicas, como él, pudieran malgastar o robar la plata de los anticipos de las obras. 

Lo habían citado para preguntarle si su empresa, OLT Logistic, había usado $2.600 millones del anticipo de un contrato de una carretera en Pelaya, Cesar, para pagarle una coima al poderoso congresista Pedro Muvdi, quien luego fue condenado por aliarse con grupos paramilitares. 

Diez años después, el pasado 13 de junio, a Lascarro lo condenaron —en primera instancia—  a 12 años de cárcel porque hizo parte del entramado de corrupción que se quedó con los $70 mil millones del anticipo del contrato de Centros Poblados del Ministerio TIC. La Fiscalía probó que unos 300 mil dólares de ese anticipo fueron girados a Lascarro sin haber ejecutado ninguna obra. 

Aún así, la capacidad de Lascarro para quedarse con más contratos públicos donde hay millonarios anticipos sigue intacta. 

Esta investigación de La Silla Vacía revela que tres empresas estrechamente ligadas a él y su grupo empresarial OLT están detrás de dos contratos por $150 mil millones para instalar paneles solares en La Guajira. Plata que el Ministerio de Minas y Energía durante el gobierno de Gustavo Petro pidió ejecutar a través de la Distribuidora del Pacífico, Dispac. A esos dos contratos ya les giraron anticipos por $50 mil millones y las obras empiezan a tener retrasos. Otra de las contratistas beneficiadas es cuñada de la senadora del petrismo, poderosa en La Guajira, Martha Peralta.  

Las empresas relacionadas con Lascarro están camufladas a través de una maraña de socios, cambios de accionistas y ampliaciones exprés de sus objetos sociales. En el papel sus dueños son personas que han trabajado para Lascarro o son cercanas a él. Varios de esos dueños aparecen registrados ante el Estado como personas en condición de pobreza extrema. 

Lascarro no respondió las preguntas enviadas por La Silla Vacía.

Pero de nuevo, en este caso, aparecen los rastros de un modus operandi por el que ya fue condenado. Es un método que han perfeccionado un grupo de contratistas y que es inmune a la justicia y por el que se han perdido millones de pesos. Similar al de Emilio Tapias. 

Prestar empresas con experiencia para integrar consorcios que ganan proyectos públicos que se entregan en convocatorias cortas y con requisitos muy específicos. Tener información privilegiada desde adentro del gobierno. Ganar y cobrar rápidamente anticipos millonarios con el aval de funcionarios públicos. Y luego, las obras van lentas, la experiencia es de papel, hay anticipos y en ocasiones nunca se entregan las obras que benefician a los ciudadanos.

La aparición de Lascarro en contratos del MinEnergía

Una de las últimas acciones del gobierno de Gustavo Petro para cumplir su promesa de impulsar la transición energética desde La Guajira fue adjudicar la instalación de 10.644 páneles solares en Albania y Maicao. 

El MinEnergía, entonces en cabeza de Edwin Palma, dijo que era una tarea que no podía ejecutar directamente y escogió a la Empresa Distribuidora del Pacífico, Dispac, de la que la Nación es accionista mayoritaria, para hacerlo. 

El gobierno le asignó a Dispac un presupuesto de $322 mil millones para las 10.644 instalaciones de paneles solares. Cerca de $30 millones por usuario incluyendo suministro, obra, interventoría y supervisión. Pero esa electrificadora no ejecutó la plata directamente.

En febrero de 2026 hizo invitaciones públicas para subcontratar la instalación de los paneles solares en cuatro lotes porque justificó que dividiendo la obra podía cumplir con los plazos que le dio el Ministerio. 

La convocatoria abrió el 3 de febrero y cerró el 17 de febrero. En esas dos semanas solo se presentaron cuatro consorcios o uniones temporales que, a la postre, terminaron siendo las ganadoras, cada una, de un lote. Las empresas relacionadas con Ottomar Lascarro están en los lotes 1 y 3. 

El Lote 1, para la instalación de 2.677 páneles solares por $75 mil millones, quedó en manos del Consorcio Soluciones Integrales 2026 que tiene cuatro integrantes: 

Edetel y MTS representan el 40 por ciento del consorcio y tienen que ver con el cuestionado ingeniero Lascarro.

Edetel no siempre se llamó así. Fue creada en Montería en 2019 con el nombre de Dozza Clothing SAS por su única accionista y fundadora, Carolina Ramírez Aljure, quien para entonces era la esposa del ingeniero Lascarro. El objeto inicial de Dozza fue la........

© La Silla Vacía