En Colombia basta una hoja para que se nos vea el alma. No un manifiesto, no una reforma constitucional: una hoja de papel con casillas y números, la famosa E-14. Y como suele pasar con nuestras obsesiones nacionales, la hoja terminó funcionando como espejo, no estamos discutiendo solo un formulario, sino qué tan frágil sentimos la democracia y qué tan rápido convertimos la sospecha en certeza. 

La historia se puede contar como una escena con tres personajes y tres temores distintos. El Presidente Petro, en plaza pública, instala la alarma: “100% de riesgo de fraude”. El registrador Hernán Penagos le contesta: “nadie le va a decir a la Registraduría… cómo se llevan a cabo las elecciones”. La Procuraduría se asoma a la disputa para recordar que esto no es solo un debate de opinión: hay directrices a jurados y hay consecuencias disciplinarias. Y entra Alejandra Barrios, de la MOE, a ponerle un poco de método al incendio: “aquí no hay un ejercicio de fe ciega, sino de garantías electorales”.

El tono se vuelve personal cuando Petro suelta la frase que no busca argumentar sino marcar bando: “Alejandra fue amiga mía, pero la MOE se fundó para descubrir el fraude y no para taparlo”. Y Penagos intenta cerrar la discusión con un giro que también es político: “El verdadero fraude electoral está por fuera de las tareas que realiza la Registraduría”. Tres miedos: el del Presidente a que el sistema sea capturable, el del Registrador a que se rompa la autoridad técnica y la confianza institucional, y el de la MOE a que en nombre de prevenir se destruya la verificabilidad que sostiene el resultado.

Todo por el E-14, el acta de mesa, el documento donde se registra el conteo de votos. En la conversación pública suele aparecer como “la hoja del preconteo”, pero la pelea real no es por el show del domingo en la noche, sino por lo que viene después: la posibilidad que permite el E14: contrastar y auditar los votos. En Colombia, la diferencia entre preconteo y escrutinio es más que una palabra; es la frontera entre el dato preliminar y el resultado oficial. Y esa frontera, en tiempos de desconfianza, es gasolina.

La controversia concreta surgió por una instrucción del registrador a los jurados: dejar en blanco las casillas donde no hubo votos. Es decir, si en una mesa un partido o candidato sacó cero, no se rellena “por si acaso”, no se marca con X, no se raya. El argumento es que rayas, tachones o “decoraciones preventivas” pueden dañar la legibilidad. Barrios lo dijo sin eufemismos, recordando experiencias pasadas: “en el 2022 en el día de las elecciones…  hubo errores en la transmisión de la elección… porque eran incomprensibles los E14”. En el fondo, lo que ella plantea es una idea que en Colombia cuesta aceptar, a veces “hacer más” sobre el papel no hace más seguro el proceso; lo vuelve más opaco.

Petro leyó esos espacios vacíos como una ventana abierta. “Ya vivimos fraude, poniendo formularios con un guión, ahora imaginen con las casillas en blanco”, dijo. Y acá hay que hacer una pausa honesta: en efecto, en las últimas elecciones al Congreso, en la fase de escrutinio el Pacto Histórico recuperó 3 curules al Senado. También recordar que en 2014 el partido Mira demandó y recuperó más de 16 mil votos, en un fallo en el que el Consejo de Estado reveló graves irregularidades como destrucción de material electoral, inconsistencias entre los formularios E14 y E24 y sabotaje al software electoral. Eso alimenta una desconfianza real. El problema es cómo se usa esa desconfianza, una cosa es pedir auditorías, mayor trazabilidad y mejores controles; otra, declarar en tono de sentencia que el fraude es un hecho inevitable. La primera ruta fortalece el proceso, la segunda lo erosiona desde adentro.

Lo que para algunos es la antesala del desacato de los resultados por parte de Petro, para otros es la legítima persecución del Presidente por un sistema electoral más transparente. Celebro que el Presidente exija transparencia, disiento de su forma de pedirla, mucho espectáculo y poca precisión. Qué garantías exige, qué fallas concretas ve, qué auditorías pide y en qué etapa del proceso. La crítica sin método se vuelve viral. Hoy, el resultado es que se hicieron ajustes y se hizo un blindaje técnico. Al final más transparencia, lastimosamente eso no llega a viralizarse.

La política funciona también con psicología, a punta de repetir “fraude”, se instala en la cabeza de la gente la idea de que perder solo puede ser sinónimo de trampa. No hay democracia que aguante una ciudadanía que cree que el único triunfo legítimo es el propio.

Y queda en el aire la sensación de que Petro hizo todo esto para desacreditar los resultados posteriores, eso sí, en caso de perder. Un patrón que siguen algunos líderes en el continente. La realidad es que hasta el momento el jefe de Estado ha acatado históricamente los resultados electorales. Y lo que también está demostrado es que el escrutinio y las cortes han entregado justicia en estos casos. Las elecciones no sólo las sostiene el E14.

Confieso que mi miedo no está en el bolígrafo ni en el blanco. Está con la gente que “se abstiene”, porque no hay garantías para votar. En la democracia que en algunos lugares se ejerce con el cuerpo tenso, mirando quién mira. Y ese miedo sí tiene cifras.

Según el informe de seguimiento a la Alerta Temprana Electoral 013 de la Defensoría del Pueblo, se valora que hay 69 municipios con llamada de acción inmediata, 168  en urgente y 433 en prioritaria. ¡El 60% del país está en alerta! Estas alertas responden a hechos que impiden la libertad del voto, por presión y amenaza, violencia política directa y gobernanzas armadas ilegales, entre otros. La respuesta del Estado es apenas del 42%, es decir, cumplimiento parcial. Y hay un dato que debería escandalizarnos más que cualquier trino: 5 de las 11 recomendaciones evaluadas no tuvieron respuesta oficial documentada por parte de entidades principales.

¿Vamos a llegar al 8 de marzo con más garantías y menos miedos, o con más miedos y menos garantías? Ojalá esta controversia sirva para lo único útil: que el país entienda mejor cómo se cuida el resultado, y que el gobierno sea igual de estricto con el riesgo de fraude como con el riesgo de violencia que impide votar.

Porque al final, un país no se rompe solo por un formulario: se rompe cuando deja de creer que el poder puede cambiar de manos sin amenaza.

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