Esta columna fue escrita por Camilo Ignacio González. Es Profesor Asociado y director de Investigación y Consultoría de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes

Colombia está ad portas de la reforma más ambiciosa al Sistema General de Participaciones desde su creación en 2001. El proyecto de ley que se radicó en la Cámara de Representantes propone aumentar progresivamente las transferencias del 30% al 39.5% de los ingresos corrientes de la Nación en 12 años, destinando recursos adicionales por cerca de $20 billones anuales hacia los territorios. Pero más allá de las cifras, ¿representa este proyecto un verdadero salto hacia la descentralización que Colombia necesita?, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo de este proyecto? Lo bueno: pasos hacia la descentralización asimétrica

El principal acierto del proyecto es reconocer algo que la academia, y los municipios y departamentos han señalado durante décadas: no todos los territorios son iguales ni deben tratarse igual. El modelo actual, que agrupa más del 90% de los municipios en apenas dos categorías y con competencias uniformes, ha sido una camisa de fuerza para responder a la realidad diferenciada de cada territorio. La nueva propuesta introduce un sistema dual de categorización basado en capacidades institucionales y fiscales, por un lado, y atributos territoriales (étnicos, ambientales, productivos, rurales) por otro. Esto permitiría, por fin, diseñar estrategias diferenciadas que reconozcan la diversidad del país.

Igualmente, positivo es que el proyecto establece mecanismos más claros para transferir competencias entre niveles de gobierno mediante........

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