La segunda vuelta del 7 de junio confirmará que las elecciones peruanas producen mayorías fugaces que retornan velozmente a su condición de minorías. Dos candidaturas que juntas obtuvieron el 12 de abril apenas el 26% de los votos emitidos se disputan una presidencia convertida en débil y movible, subordinada al Congreso, el núcleo de un régimen híbrido con un pie en la legalidad y el otro en la ilegalidad.

El Perú votará en el peor escenario luego de soportar los primeros 10 años de una profunda crisis. El relato principal de la campaña para la segunda vuelta pretende que las dos opciones son antagónicas e iguales y dibuja una disputa convencional: una opción de derecha y la otra de izquierda, una que representa al sistema y la otra al antisistema, y una que garantiza la estabilidad y la otra inestabilidad.

Demasiado fácil, demasiado simple. El Perú de 2026 no es el de 2006, 2011 o 2016. Ni siquiera el de 2021. La que experimenta el Perú es una polarización desigual, entre un régimen autoritario que pretende consolidarse si gana la elección, y su oposición, aun considerando que quien lo lidera presenta credenciales con varios agujeros.

La negación del autoritarismo actual es explicable en la derecha radical y las familias políticas y empresariales cómodas con lo conseguido hasta ahora de un régimen que sustrajo las reglas democráticas básicas y depreda los bienes públicos. No es explicable, sin embargo, en quienes individual y colectivamente se han enfrentado a las arbitrariedades de este régimen y alertan sobre el riesgo de su prolongación.

¿Qué se juega en la segunda vuelta? Precisamente la temida continuidad del poder instalado luego del fallido golpe de Castillo —su necio legado— y que solo pudo consolidarse a costa de una feroz represión de los territorios del sur del país. Si se hace a un lado la cuestión democrática, no hay voto........

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