Después de dos años de eterno vilo, la próxima semana tendremos, por fin, una decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional del gobierno Petro. Ante el robo billonario a los afiliados que significa este proyecto, la única decisión razonable es archivarlo. Hoy, sin embargo, no hablaré de sus consecuencias económicas, fiscales o morales, sino exclusivamente de las razones jurídicas.

Cuando la exsenadora Paloma Valencia demandó la reforma, sus argumentos fueron de forma: sostuvo que había sido aprobada ilegítimamente porque no hubo deliberación. En otras palabras, el Congreso pupitreó la reforma. Por eso, la Corte decidió devolverla a la Cámara para que el vicio fuera subsanado mediante una deliberación adecuada.

Pero el Congreso volvió a incumplir. No solo no deliberó en los términos ordenados por la Corte, sino que........

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