En el Perú estamos presenciando algo profundamente alarmante: niñas y adolescentes víctimas de violación, declaradas en abandono y bajo protección estatal, terminan siendo derivadas o acogidas en instituciones privadas con una agenda ideológica explícita, donde el foco parece estar en que “den a luz”, antes que en garantizar plenamente sus derechos.

El caso del refugio vinculado a la congresista y pastora Milagros Jáuregui de Aguayo —presentado públicamente como un espacio donde niñas gestantes producto de violación son acogidas para continuar el embarazo— no es un episodio anecdótico. Es una señal de advertencia sobre el funcionamiento del sistema de protección estatal y sobre un riesgo mayor: que el Estado empiece a delegar su deber de cuidado en espacios donde la prioridad no es el interés superior de la niña, sino una moral impuesta.

El Ministerio de la Mujer anunció acciones de supervisión. Pero la pregunta central sigue sin responder: ¿cómo llegamos a este punto?

Quienes creen que esto es solo una controversia local olvidan una verdad histórica: en muchos países, cuando los Estados entregaron niños y niñas a instituciones administradas por órdenes religiosas o........

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