Pedro P. Grández Castro. Profesor universitario - Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)

La justicia es un valor fundamental en cualquier sociedad organizada. Pero es también un servicio público esencial, como la salud, la educación o la propia seguridad. Como servicio público, su gestión y prestación en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos corresponde al Estado. Incluso cuando se trata de promover otras formas alternativas al sistema estatal, como es el caso del arbitraje o la conciliación, también en estos supuestos la regulación, promoción y garantía, en último término, corresponde al Estado.

De ahí la relevancia de que la justicia forme parte fundamental de las políticas públicas y, como tal, de las propuestas electorales. Sin embargo, al revisar los planes de las agrupaciones que participan en las elecciones generales de abril, la justicia no solo aparece relegada, sino que, en la mayoría de los casos, se observan enfoques equivocados o carentes de diagnósticos que recojan los problemas que aquejan al sistema de justicia en sus distintas dimensiones. Esto, pese a que los diagnósticos sobre los problemas de la justicia abundan. Un informe de la OCDE sobre el Perú (2024), por ejemplo, sitúa el problema del acceso a la justicia en condiciones de igualdad como uno de los problemas estructurales. Ello redunda, según el informe, en la percepción que tiene la ciudadanía sobre el Poder Judicial y la eficacia del Estado de derecho para resolver problemas estructurales.

La noción de equidad —sostiene el documento— es un factor determinante de la confianza de la población en las........

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