La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de ordenar la libertad del general EP Daniel Urresti no es solo un fallo judicial. Es un mensaje. Y el mensaje es devastador.

Hugo Bustíos fue emboscado, acribillado y, aún con vida, despedazado con un explosivo colocado sobre su pecho. No fue un exceso. No fue un arrebato. Fue un acto de barbarie. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo calificó como crimen de lesa humanidad.

Treinta y cuatro años después del asesinato del periodista de CARETAS, en 2023, Urresti fue condenado a 12 años de prisión. Ha cumplido menos de tres. Hoy, gracias al TC, podría recuperar su libertad bajo el argumento de que el delito ha prescrito.

Pero los crímenes de lesa humanidad no prescriben. No en el derecho internacional. No cuando se trata de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. No cuando existe una norma imperativa —ius cogens— que obliga a investigar y sancionar.

La Corte Suprema de Justicia de la República fue categórica: el asesinato de Bustíos “constituye, sin la más mínima duda, una grave........

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